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domingo, 23 de febrero de 2014

Dos tipos de Ajustes, dos personas que deciden.

por Diego Giacomini; coautor de Política Económica Contrarreloj.

La teoría económica denomina crisis cambiaria de primera generación a aquellas situaciones en las cuales un Banco Central experimenta una sostenida y creciente pérdida de reservas como resultado de intentar mantener un tipo de cambio fijo o cuasi fijo (pequeñas devaluaciones anunciadas o no) en un marco de política fiscal excesivamente expansiva en la cual hay crecientes déficits financiados con emisión monetaria. Según este enfoque, esta situación da lugar a una inconsistencia entre la tasa de emisión, la presión sobre el nivel general de precios y el tipo de cambio tal que conlleva a sucesivas caídas de las reservas internacionales. Es decir, la pérdida de reservas financia el déficit fiscal.

Las reservas continuarán cayendo hasta un nivel mínimo a partir del cual la agudización del ataque especulativo por parte de los agentes exigirá la depreciación y luego liberación del tipo de cambio. Con la liberación del tipo de cambio las reservas dejarán de caer, por ende, de financiar el exceso de gasto y el déficit fiscal; y será el shock inflacionario quien licúe el exceso de gasto y el déficit fiscal. Este es el ajuste “por las malas”, el tipo de ajuste que hace el sistema económico cuando los políticos no están dispuestos a hacerlo previamente. Todo este enfoque, cuyo pionero es Paul Krugman, describe perfectamente lo que sucede actualmente en Argentina y muestra también lo que muy probablemente acontecerá si no enderezamos el rumbo con un cambio de política económica.

¿Cómo se endereza el rumbo? Haciendo un ajuste “por las buenas”, es decir un ajuste que elimine la dominancia fiscal; origen y causa de la actual crisis cambiaria. Es decir, aún con medidas monetarias y cambiarias correctas, si no hay ajuste fiscal no hay chances de sortear la crisis cambiaria. De hecho, hasta ahora el BCRA ha aplicado medidas monetarias y cambiarias correctas, logrando comprar tiempo para que el Ministerio de Economía encare su ajuste fiscal, que no es instantáneo (lleva más tiempo que subir la tasa o devaluar) pero es impostergable.

En la actualidad, el ajuste fiscal no puede hacerse por el lado de los ingresos debido a la presión tributaria record. El ajuste fiscal debe atacar el exceso de gasto público, eliminando el déficit y generando superávit fiscal para abolir la emisión monetaria del BCRA destinada a financiar el Tesoro. De acuerdo con nuestro análisis, que se basa en la estimación del superávit estructural de Argentina, es necesario hacer un ajuste fiscal de 7 puntos porcentuales en términos del PBI en el corto plazo. A priori, un lector neófito en el tema, siguiendo el comentario sarcástico de Juan Carlos De Pablo al libro Política Económica Contra Reloj, podría suponer que dicho ajuste es “políticamente incorrecto” y “socialmente inviable”. Sin embargo, el análisis de los números de Argentina refuta ese juicio.


Entre 2004 y 2013 la administración K aumentó el peso del gasto público consolidado (Nación + Provincias) un +74%, pasando de 25 % (2004) a 43% (2013) del PBI. Es decir, su peso relativo aumentó +18 puntos porcentuales (p.p.), de los cuales +16 p.p. son responsabilidad de Nación y +2p.p. son responsabilidad de las Provincias. Medido en dólares y ajustado por inflación, en 2004/2013 el gasto público total de Nación aumentó un 478% y 133%; respectivamente. 



En este contexto, se entiende que un ajuste fiscal de 7 p.p. en términos del producto es políticamente correcto y económicamente sencillo de hacer en la Argentina actual, porque representaría tan sólo el 39% de su incremento de los últimos 9 años, retrotrayendo su peso relativo a 2009 (36% PBI), 11 p.p. por encima de su nivel de 2004.


Los primeros 5p.p. del ajuste deben provenir de la eliminación los subsidios económicos. De hecho, el desborde del gasto público, el aumento del déficit y la dominancia fiscal, que terminan llevando a la actual crisis cambiaria, tienen origen en la explosión de los subsidios económicos, que aumentaron 38 veces entre 2005 ($3.300 M) y 2013 ($130.000 MM), pasando de 0.2% a 5% del PBI entre esos años. De esos subsidios, en la actualidad aproximadamente el 88% corresponden a energía y transporte.

Esta política de subsidios económicos es muy inequitativa, ya que sus beneficiarios pertenecen principalmente a las clases medias y de “arriba” de la pirámide social que, concentradas fundamentalmente en CABA y GBA, pagan precios extraordinariamente reducidos por el gas, la electricidad, y el transporte. Por el contrario, las clases sociales de la “base” de la pirámide, que tienen menos ingreso per cápita y viven en el interior del país, no reciben estos subsidios y pagan por dichos bienes y servicios entre cuatro y diez veces  más.  

Además, los subsidios económicos han violentado fuertemente la equidad de todo el sistema de subsidios nacionales, porque los subsidios económicos aumentan a expensas de los subsidios sociales. Los subsidios económicos pasaron del 27% (2005) al 513% (2013) de los subsidios sociales. Es fácil de entender, mientras que los subsidios económicos crecieron 928% contra la inflación, los subsidios sociales (sin asignación universal por hijo) cayeron -49% contra la inflación. Si contamos a la asignación universal, dicha caída es de -17% entre 2005 y 2013. Para peor, la devaluación (pasada, presente y futura) agrava la inequidad de la política oficial de subsidios, porque la suba del dólar oficial se traslada más que proporcionalmente al gasto en subsidios energéticos. Yendo a los números, sin reducción de subsidios y sin aumentos de tarifas, una devaluación del 55% (dólar promedio anual a $8.5) genera un incremento del gasto en subsidios energéticos de 73.2%.

En definitiva, la política nacional de subsidios es cada vez más inequitativa, por lo que un ajuste fiscal basado en la eliminación de los subsidios económicos no sólo es indispensable para solucionar los grandes desequilibrios macro, sino que es 100% socialmente necesario; justamente lo opuesto a socialmente inviable.

Habiendo eliminado los subsidios económicos, quedan 2 puntos porcentuales adicionales por ajustar, que se obtienen haciendo crecer todas las partidas del gasto público del gobierno nacional un 25% en un marco de inflación de 35% anual. La única excepción sería la coparticipación, que crecería 32%, y el déficit de las empresas públicas, que debería mantenerse constante en términos nominales con respecto a 2013. Este ajuste no sería recesivo, porque con superávit fiscal y con la crisis cambiaria resuelta, la confianza volvería a la economía argentina. La inversión volvería a crecer genuinamente, el BCRA volvería a acumular reservas y las bases para volver a crecer genuinamente estarían establecidas.

Si CFK y el ministro de Economía no entienden que hacer el ajuste “por las buenas” no es recesivo y no se deciden a llevarlo a cabo, nuestra economía se dirigirá indefectiblemente hacia el ajuste “por las malas”; el ajuste del sistema económico. También lo tenemos cuantificado en Política Económica ContraReloj. De acuerdo con nuestras estimaciones, si no se eliminan los subsidios y no se aumentan las tarifas y, paralelamente, los salarios y jubilaciones se ajustan un 25% (igual que en nuestro ajuste “por las buenas”), muy probablemente surgirá un shock inflacionario que, para licuar el exceso de gasto, ascenderá arriba del 80% anual con lo cual el poder adquisitivo de las jubilaciones y salarios caerá más del 30%. La dinámica de la inequidad crecerá exponencialmente. Hay dos personas que deciden. Hay dos caminos a seguir. Hay dos hechos positivos: sabemos los responsables; sabemos hacia donde nos conducen.

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