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lunes, 22 de abril de 2019

MENOS ESTADO PARA MÁS PROSPERIDAD: DERRIBANDO MITOS ESTATALES

https://www.cronista.com/columnistas/Menos-Estado-para-mas-prosperidad-derribando-mitos-estatales-20190305-0022.html

Los datos muestran que el libre mercado es mucha mejor opción que el intervencionismo estatal. La libertad es el único camino a la prosperidad. Menos Estado es más libertad. Ergo, cuanto menos Estado, más prosperidad. Entre 1990 y 2014, el pbi per cápita de los países más libres (+3,63%) creció a un ritmo promedio anual +138% mayor que el de los países menos libres (+1,52%). El pbi per cápita en dólares PPP de los países más libres (usd41.228) es 7,5 veces mayor que el de los menos libre (usd5.471). Por otra parte, la pobreza extrema en los países más libres (1,9%) es inmensamente inferior a la que hay en los países menos libres (30.6%).   

Los resultados anteriores muestran que la teoría austríaca es la intelectualmente vencedora. De acuerdo con la teoría austríaca, el libre mercado maximiza la utilidad social porque todos ganan utilidad a partir de las transacciones voluntarias. Si las transacciones son en libre mercado, son voluntarias, y si son voluntarias, ganan todos; sino no existirían. De hecho, en libre mercado el agente económico intercambia voluntariamente porque (a priori) maximiza su utilidad, y cada transacción se produce por el beneficio esperado por cada parte de la transacción. En este marco, en el libre mercado no puede haber explotación.

Por el contrario, toda intervención del Estado consiste en el uso de la fuerza física agresiva dentro de la sociedad; significa sustituir acciones voluntarias por coacción. Con intervención estatal, los individuos hacen lo que no habrían hecho sin la coerción pública, o sea, cambian su accionar a causa de la amenaza de violencia; y en consecuencia pierden utilidad y calidad de vida. La intervención estatal se enfrenta irremediablemente al problema del cálculo económico. El interventor o planificador estatal no dispone del sistema de precios que le brinde la información necesaria para poder realizar correctamente sus cálculos, y así saber qué, cuánto y con qué calidad producir bienes y servicios. Sin precios, tampoco puede conocer la forma económica más correcta de producirlos. En este contexto, la intervención estatal siempre conduce a resultados muy diferentes a los deseados, inexorablemente peores.

Como muy bien explica Hayek en su último libro “Camino de la Servidumbre”, una vez que el Estado interviene, tal intervención causará consecuencias negativas no previstas, que el interventor observará e intentará “solucionar” con nuevas y crecientes intervenciones. Los problemas se seguirán agrandando e indefectiblemente habrá más intervenciones. Los malos resultados están condenados a multiplicarse y crecer en el tiempo. En este marco, se entiende que la diferencia entre el intervencionismo estatal, el socialismo y el comunismo es un problema de escala y no de esencia. Todos implican, con diferente ímpetu, menos crecimiento, menor creación de empleo, más pobreza y peor calidad de vida.

¿Por qué a la gente le cuesta ver esto? Porque desde el jardín de infantes, pasando por la primaria y secundaria, hasta la universidad se nos adoctrina en la religión del Estado. Desde pequeños se nos enseña que el Estado tiene que intervenir, regular, redistribuir y elegir ganadores y perdedores. La educación no es laica, tan sólo ha cambiado de religión. Antes, la educación estaba al servicio de la iglesia y su papa, cardenales y obispos. Ahora está al servicio del Estado y los políticos. En el pasado, el Estado, los políticos y funcionarios gobernaban por y para Dios. En el presente, los gobernantes tienen un conjunto de funcionales intelectuales cortesanos que filosofan, investigan, escriben teorías y desarrollan modelos para convencer al público (que ahora vota) que el Estado y los políticos gobiernan, intervienen, imponen contribuciones (impuestos) y gastan nuestro dinero mejor que nosotros persiguiendo el “bienestar público”. La educación pública es toda una maquinaria montada en este sentido. Hay todo un establishment académico (cortesanos) que no solo justifica y apoya la intervención estatal, sino que la reclama en cantidades creciente y mayores dosis. A cambio reciben ingresos, puestos y prestigio. En este marco, los cortesanos del Estado han creado una serie de mitos sobre las políticas públicas que procederemos a derribar.

1) El “buen” impuesto o impuesto neutral: no existe un impuesto neutral, es decir, un impuesto que mantenga el mercado igual que si no hubiera impuestos. Los impuestos son un acto violento y criminal que veja la propiedad privada. A mayor presión fiscal y más impuestos, más recursos se están retrotrayendo del accionar voluntario del mercado. Po rende, más violencia y crimen, mayor distorsión y efectos negativos, menos utilidad, actividad económica y bienestar.

2) El Gasto público no genera valor económico: el Estado gasta sin economizar, de más y sin poder maximizar la utilidad de los receptores; aunque la casta política sostenga lo contrario y diga conocer en que consiste el bienestar de los terceros y cómo alcanzarlos. Además, el valor económico que tiene el gasto gubernamental es nulo. Es fácil de explicar. El aporte o valor que cualquier sector productivo, empresa o agente hace al sistema económico se mide por la cantidad de dinero que la gente gasta voluntariamente en comprar los productos que ellos producen. Pero el valor del gasto público y del gobierno no se mide en el mercado. No hay pagos no voluntarios. Ergo, no hay valor económico. Es más, el gasto se financia “sacándole” al mercado; entonces en realidad resta. El aporte económico del gasto público es $0.

3) La mentira de la obra pública: los políticos se llenan la boca diciendo que la obra pública no es un gasto, sino una inversión: gasto de capital. Aplicar el término “capital” a cualquier gasto de gobierno es un error conceptual. “Capital” son los bienes productivos que se transforman hasta convertirse más tarde en bienes de consumo final (bienes inferiores). Los bienes de capital los crea el inversor, no por sí mismos, sino con el fin de utilizarlos para producir bienes de orden inferior a ser consumidos en el futuro. Los bienes de capital se crean para satisfacer las necesidades de los consumidores (terceros), no las del inversor (propias). Exactamente lo contrario sucede con el gasto público en general, y el gasto de capital que hacen los políticos. Ningún gasto gubernamental puede considerarse como auténtica «inversión», y nada que sea propiedad del gobierno puede ser considerado capital.

4) El dislate de los subsidios: en libre mercado la riqueza solo es producto de las elecciones voluntarias de todos los individuos que se prestan servicio entre sí. Los subsidios dislocan todo el escenario: se asigna riqueza sin producir y sin satisfacer al prójimo. Surge la posibilidad de enriquecerse a partir de tener la habilidad para controlar o hacerse amigo del aparato del Estado, es decir; corrupción. A más subsidio, más propensión a abandonar la producción e ingresar en las filas de los que viven a costa de otros. Más se impide el funcionamiento del mercado, más recursos quedan asignados en formas ineficientes, y más bajo es el nivel de vida de todos. Por ejemplo, el subsidio al desempleo es un subsidio al desempleo causado por leyes de salario mínimo o sindicalización obligatoria. El subsidio al desempleo impide que los trabajadores desempleados lesionen los intereses sindicales.

5) Las empresas estatales no pueden funcionar “bien”: una empresa privada tiene fondos limitados y voluntarios de los inversores privados; y esto hace que las firmas privadas tengan altos incentivos a “hacer las cosas bien” y ganar dinero brindando el mejor bien o servicio a los consumidores. Si no lo hacen, quiebran. Por el contrario, la empresa pública no tiene riesgo de quiebra ya que la capitalización gubernamental tiende a ser infinita, porque se nutre de los impuestos o del impuesto inflacionario. Esta falta de escasez hace que no haya incentivos correctos para determinar precios o costes, ni dar destino a factores o fondos de una manera racional. Y dado que todos los mercados están interconectados, las empresas públicas contagian caos a todo el sistema económico, conduciendo a la asignación ineficiente de recursos y la pérdida de utilidad y bienestar.

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