Páginas vistas en total

sábado, 27 de febrero de 2016

Las 4 preguntas que se plantea la gente sobre la inflación actual (Nota publicada en Infobae el 27 de febrero 2016)


http://www.infobae.com/2016/02/27/1793181-las-4-preguntas-que-se-plantea-la-gente-la-inflacion-actual




La población sabe que la suba de los precios deteriora el poder de compra de los salarios, pero tiene grandes dudas sobre cómo se revierte el proceso sin caer en recesión y desempleo



Las familias sabe el costo que representa la inflación, pero no sabe qué receta respaldar para combatirla
Las familias sabe el costo que representa la inflación, pero no sabe qué receta respaldar para combatirlaCrédito: Ministerio de Economía

1.¿Bajar la inflación resiente el nivel de actividad? No, la teoría económica demostró que dicha pregunta tiene respuesta negativa. Esta idea equivocada emergió de la validación empírica que Samuelson y Solow (1960) hicieron de la curva de Lipsey para EEUU y Gran Bretaña, donde encontraron que la inflación aumentaba cuando la tasa de desempleo disminuía; y viceversa. Así, los políticos adoptaron esta curva como sustento técnico para validar sus políticas activistas, que "vendían" que para crear más empleo, a cambio había que generar inflación. Del otro lado, se "vendía" que para bajar la inflación había que tolerar recesión y aumento del desempleo. La falsedad de este argumento fue demostrada por Milton Friedman y Robert Lucas.
Friedman (1968), incorporando las expectativas (adaptativas) de los agentes al análisis, demostró que ese intercambio entre inflación y desempleo desaparecía en el mediano plazo cuando los individuos incorporaban la "nueva" y más alta inflación; lo cual devolvía la tasa de desempleo y el nivel de actividad a su punto original, pero con una inflación "ahora" más alta. Más tarde, Lucas (1972), utilizando expectativas racionales (los agentes conocen la regla monetaria –de emisión- del Central y forman sus expectativas en función a ella), demostró que la inflación no sirve para aumentar el nivel de actividad y reducir el desempleo ni siquiera en el corto plazo. Como corolario se concluye que un Banco Central creíble, anunciando una regla monetaria consistente, puede bajar la tasa de inflación sin generar caídas en el nivel de actividad y empleo.
2. ¿Hay que bajar la inflación para volver a crecerSí, bajar el ritmo de emisión y la inflación contribuye positivamente para volver al sendero de crecimiento. En este sentido, la literatura especializada (Milei en AAEP 2008) demuestra que más emisión monetaria en una economía abierta (Argentina) genera que los agentes demanden más dólares y en consecuencia menos pesos y bienes de capital (inversión), con lo cual la relación capital / trabajo se reduce y cae el PBI per cápita. Esta conclusión está avalada por la evidencia empírica que muestra que entre (similares) países crecen menos (más) los que tienen más (menos) inflación. En este marco, no sorprende que Argentina sea el país de la región con peor evolución del PBI per cápita en los últimos 40 años.
La dinámica de los precios no siempre es lineal

3. ¿Con qué se baja la inflación? La inflación es el aumento sostenido y permanente del nivel general de precios, es decir de todos los bienes y servicios que se consumen habitualmente, tanto públicos, como privados. Un monto de dinero compra cada vez menos cantidad de (todo) bienes y servicios. El dinero pierde poder adquisitivo porque su ritmo de producción (emisión) supera el ritmo de producción de los otros bienes y servicios. En una palabra, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno estrictamente monetario.
Es un error pensar que la inflación es responsabilidad de los monopolios, oligopolios y los supermercados. Es tan fácil de ver, que esta vez no voy a recurrir a la teoría. Actualmente tenemos (más o menos) los mismos monopolios, oligopolios y/o supermercados que en los '90s cuando no había inflación. A su vez, son los mismo que, en promedio, tienen los otros países de la región, pero con inflación de 3% a 6% hace 15 y hasta 20 años.
Claramente, el fenómeno inflacionario no "pasa" por acá. Ergo, los controles de precios o la vigilancia del Estado no será efectiva para controlar la inflación. El libro "4000 años de control de precios y salarios" de Robert Schuettinger y Eamonn Butler (1987) muestra que estas prácticas siempre lograron el resultado opuesto al buscado: más inflación y tanto productores como consumidores con peor nivel de vida. En síntesis, la política monetaria es la única herramienta eficiente para curar y prevenir la inflación porque actúa sobre sus orígenes: la cantidad de dinero.
4. ¿Bajará rápido la inflación en Argentina? Si bien la política monetaria es el mejor remedio contra la inflación, su efecto "sanador" no es instantáneo. Dado que la política monetaria opera con un rezago de entre 10 y 18 meses entre que se emite y se genera inflación, Alejandro Vanoli (emitiendo al 41% y/y) ha dejado como herencia un piso de inflación elevado que es difícil perforar. En este contexto, cumplir con la pauta de inflación de Alfonso Prat-Gay (25% a 20%) luce difícil en 2016.
No obstante, hay que remarcar que el nuevo BCRA está siendo decididamente anti inflacionario, actuando tanto sobre el stock como el flujo de dinero. En los primeros 70 días limpió todo el sobrante (stock) de base monetaria, unos $200.000 millones, heredado de la gestión del Alejandro Vanoli, y redujo el ritmo de aumento de la emisión (flujo) de 41% a 23% interanual,minimizando el traspaso de la devaluación a precios. La anualización de la inflación de los dos primeros meses post devaluación es entre 10 y 15 puntos porcentuales menor que en 2014, aun cuando la actual devaluación es el doble que la que alentó en ese momento Axel Kicillof.
En este marco, proyectamos una trayectoria de inflación con forma de "n" a lo largo del año. Todavía estamos en la fase ascendente de la "n", ya que nuestro relevamiento de precios de febrero de un 4,4% fue un punto porcentual más elevado que enero (3,4%). Sin embargo, asumiendo que la actual política anti inflacionaria del BCRA continúa y las paritarias no se "desmadran", lo más probable es que la inflación se desacelere en la segunda parte del año. La velocidad y la fuerza de la fase descendente de la "n" dependerán del nivel de deuda que pueda colocar Argentina.
El mejor escenario arroja una inflación superando el 30% promedio anual, pero con una inflación mensual anualizada en torno al 24%/25% en los últimos meses del año. Sin embargo, en la medida que no se consiga unos USD 28.000 millones para financiar el gradualismo de baja del déficit fiscal, el BCRA deberá emitir más y la inflación promedio anual tenderá a moverse hacia más arriba.

martes, 23 de febrero de 2016

Propuesta para arreglar el federalismo fiscal en el corto plazo

por Diego Giacomini y Javier Milei

http://www.elpuntodeequilibrio.com/Articulo/Vista/Propuesta+para+arreglar+el+federalismo+fiscal+en+el+corto+plazo


Sobre finales de 2015 la Corte Suprema, argumentando inconstitucionalidad, ordenó devolver la detracción del 15% del ANSES (a San Luis, Santa Fe y Córdoba) y del 1.9% de la AFIP (a San Luis y Santa Fe). Atendiendo este fallo, CFK (Decreto 2635/15) dispuso el cese de la detracción para todas las provincias. Sin embargo, Macri (DNU 73/16) derogó la norma de CFK y en consecuencia sólo San Luis ($2.018 MM), Santa Fe ($7.903 MM) y Córdoba ($6.631 MM) cobran “sus respectivas partes” del 15% (ANSES) y del 1.9% (AFIP).

La comisión bicameral debe dictaminar la viabilidad del Decreto 73/16. Es un tema con fuerte impacto fiscal. De acuerdo con nuestras estimaciones, el 15% (1.9%) del ANSES (AFIP) significa ingresos adicionales por +$77.313 MM ($14.232 MM) para todas las provincias en 2016, superando sus necesidades financieras ($60.000 MM).

El PEN no estaría dispuesto a devolver la retención de los fondos coparticipables y a cambio pretende ofrecer descentralizar el manejo y la ejecución de obras públicas y planes sociales. En definitiva, si la postura del PEN prosperara, terminaría habiendo cuatro regímenes de coparticipación en Argentina:1) San Luis y Santa Fe cobrando el 15% del ANSES y el 1.9% del AFIP; 2) Córdoba cobrando el 15% del ANSES; 3) las provincias que acuerden con el gobierno nacional y 4) las provincias que no acuerden (y seguramente hagan juicio). En otras palabras, un descalabro institucional que enarbola en lo más alto la bandera de la discrecionalidad.

En este marco, nuestro proyecto apunta a solucionar los problemas respetando tanto la Constitución como los fallos de la Corte Suprema, y también prioriza (minimiza) la automaticidad de los recursos (discrecionalidad) y elimina algunas distorsiones del régimen (Fondo del Conurbano Bonaerense-FCB- y Fondo Federal Solidario –FFS-).

Nuestro proyecto propone, respetando el fallo de la Corte y la Constitución, incluir el 15% del ANSES y el 1,9% de la AFIP en la Coparticipación, repartiéndolos 43% (Nación) y 57% (Provincias). Paralelamente, eliminamos el FFS cuyo dinero según Constitución Nacional le corresponden al Gobierno Central. También disolvemos el FCB, con lo cual el 10% de Ganancias vuelve a “entrar” a la Coparticipación y se reparte 43% (Nación) y 57% (Provincias). 

La  eliminación del FCB anula la distorsión más grande que tiene el actual régimen y corrige la discriminación contra Bs As. ¿Qué distorsión? Actualmente todas las otras 22 provincias ($47.527 MM) cobran más FCB que Bs As ($650 MM). Según el Presupuesto 2016, las dos provincias más grandes, Santa Fe ($4.815 MM) y Córdoba ($4.784 MM), reciben 7 veces más FCB que Bs As. La provincia más pequeña, Tierra del Fuego ($664 MM), también recibe más FCB que Bs As.   

A nivel consolidado las 24 provincias ganan +56.000 MM  elevando su participación al 31% (con seguridad social) y 42% (sin seguridad social) del total recaudado. El Tesoro Nacional gana $93.500 millones, permitiendo cubrir gran parte (75%) del déficit generado a la ANSeS por la retracción de la afectación del 15% ($124.600 millones). La pérdida consolidada Nación + ANSeS + AFIP sería de “sólo” $58.000 millones. Provincia de Bs As ganaría +$20.450 MM netos. 

En definitiva, nuestra propuesta tiene un costo fiscal total (0.8% del pbi) para el gobierno nacional que representa tan sólo el 7.8% de sus necesidades financieras totales (10.3% del PBI) de 2016. Como contrapartida, las provincias, que son las que prestan los cuatro servicios públicos esenciales (educación, salud, seguridad y justicia), ganan ingresos por 0.8% y dejan de ser deficitarias. Nación paga un costo bajo a cambio de institucionalidad, apego por la constitución, la justicia y las reglas; en detrimento de la discrecionalidad y distorsiones.


1 Córdoba no lo cobra
2 Sin CABA

3 Todos los números fueron calculados en base a la recaudación presupuestada en la Ley de Presupuesto Nacional para el ejercicio 2016

lunes, 22 de febrero de 2016

La Normalización del BCRA (Nota publicada en Revista Mercado en el Anuario de la Economía de Febrero 2016)

por Diego Giacomini y Javier Milei

A juzgar por los resultados en materia de inflación, el desempeño del BCRA está muy lejos de ser materia de orgullo. Previo a su creación en 1935, la base monetaria crecía a una tasa del 6%, mientras que la inflación y el tipo de cambio subían a un ritmo en torno al 3% y 4% anual. A su vez, en los primeros diez años de operación, la cantidad de dinero pasó a crecer a un ritmo del 14%, mientras que la inflación y el tipo de cambio lo hicieron al 6% y 2%. 

Sin embargo, luego de su estatización en el año 1946, el crecimiento de la cantidad de dinero se disparó al 130%, mientras que las tasas de inflación y de devaluación treparon a niveles del 160% y 150%. Además, dentro de las marcas del BCRA se marcas registran períodos de muy alta inflación, dos hiperinflaciones y la destrucción de cinco signos monetarios (en rigor seis), motivo por el cual debería resultar claro que su misión debe ser reconsiderada.

Asumiendo como meta para el BCRA minimizar la tasa de inflación, para lograr dicho objetivo, existen por lo menos dos metodologías. Por un lado, está el sistema de metas de inflación, el cual se ha estado aplicando en el mundo con gran éxito y por otro, está el método basado en el control de agregados monetarios, el cual ha caído en desuso desde mediados de los ‘80s en los países desarrollados y en los emergentes luego de los ‘90s.

Si bien esto último pareciera indicar que el método a seguir debiera ser el sistema de metas de inflación, su implementación requiere de nueve condiciones: (i) marco institucional que asegure la independencia operativa del Banco Central y sus responsabilidades, (ii) transparencia en la comunicación, (iii) tener ancladas las expectativas de inflación, (iv) reputación y credibilidad, (v) transparencia de la política monetaria, (vi) transparencia de la información, (vii) presentar un objetivo con metas piso y techo sobre un índice de precios confiable, (viii) coordinación con la política fiscal y (ix) desarrollo de modelos de predicción. Naturalmente, Argentina no cumple con ninguna de las condiciones mencionadas por lo que dicha opción no sería recomendable.

Por otra parte, acorde a una serie de trabajos que hemos publicado (“El Nuevo BCRA y la Reforma Monetaria” y “Ensayos Monetarios para Economías Abiertas: El Caso Argentino”) existe una profunda relación causal entre M1 y el PIB nominal (existencia de cointegración), motivo por el cual, la literatura especializada en la materia estaría sugiriendo que la política monetaria, hasta que se reduzca la tasa de inflación y las expectativas sobre la misma queden ancladas, debería ser diseñada en base a metas cuantitativas sobre M1.

Ésta importancia estadística de M1 sobre la determinación del PIB nominal y, dado el nivel que suele tener la tasa de crecimiento de la economía, ello amplifica el vínculo causal entre la tasa de crecimiento de dicho agregado monetario con la tasa de inflación. En este contexto, es donde además se vuelve más relevante la discusión sobre la existencia de un sobrante de pesos.

Acorde a nuestras estimaciones, cuando uno estima la demanda de dinero (M1) en términos del PIB para los últimos 70 años, la misma sugiere que sobran pesos por cerca de 3,8% del PIB ( $ 200.000M). A su vez, el nivel de M1 en términos de PIB de Argentina supera en 3,9 puntos porcentuales al promedio de la región, donde además, mientras que la relación M1/M3 promedio regional es del 20%, en nuestro país se ubica en el 50%. Por ende, estos indicadores estarían dando cuenta de un fuerte sobrante de pesos (algo normal cuando se ponen restricciones como el CEPO), lo cual además, se ha visto validado empíricamente al estudiar los residuos la relación entre M1 y el PIB nominal.


En función de esto, el Ministro de Hacienda y Finanzas junto al Presidente del BCRA, para el proceso de apertura del CEPO, tomaron un conjunto de medidas sobre los flujos tal que domara el problema del sobrante monetario. En primer lugar, la decisión de llevar el precio del dólar a $ 14, redujo la demanda potencial de dólares a USD 15.000M. A su vez, dicha demanda se redujo a USD 10.000M por medio del arreglo con los importadores por USD 5.000M. Por otra parte, para que exista una oferta que permita hacer frente a esta demanda potencial se han conseguido USD 22.000M, los cuales vienen explicados por: (i) USD 9.000M fruto de canjear las letras intransferibles que vencían en enero 2016 por bonos líquidos, (ii) un préstamo con entidades financieras por USD 10.000M y (iii) la transformación de parte del swap con China a dólares por USD 3.000M. Por lo tanto, frente a un escenario de corrida cambiaria, a un tipo de cambio de $ 14, hay 2,2 dólares de oferta por cada uno de demanda. Sin embargo, si bien esto permitió ganar holgadamente el primer round de una pelea de 15 asaltos, se trata de una pelea de pesos pesados, donde siempre puede tomar lugar una mano que modifique la tendencia del match.

viernes, 12 de febrero de 2016

Vigilancia de precios: ¿El regreso de Axel Moreno? (Nota publicada en InfoBae el 11/2/2016)

por Javier Milei
Pocos días después del triunfo electoral de Mauricio Macri en la segunda vuelta y luego del levantamiento parcial del cepo cambiario, durante el último bimestre de 2015 y el mes de enero del presente año, los precios mostraron un salto en su tasa de variación que ha puesto a toda la población en estado de alerta respecto al futuro de la tasa de inflación, lo cual toma una mayor relevancia frente a la cercanía de las negociaciones en las paritarias.
Ante dicha situación inflacionaria, tanto el Presidente como algunos de sus ministros han realizado declaraciones altamente desafiantes hacia el empresariado; están buscando establecer un techo a las negociaciones salariales y, para ponerle la frutilla al postre, se ha deslizado la idea de lanzar un programa para vigilar los precios de los supermercados. Todo esto, puesto en blanco y negro, no es ni más ni menos que el típico programa keynesiano de políticas de ingresos que se ha venido ensayando en el país desde mediados del siglo XX hasta la fecha (salvo en los períodos de 1959-1962, 1967-1968 y 1991-2005, donde los precios fueron libres) y que siempre han fracasado, es más, sin ir más lejos, no es muy distinto (salvo por las formas, esperemos) de lo que hacía Guillermo Moreno.
Muchos Gobiernos, funcionarios públicos y un ejército de economistas heterodoxos, a pesar de la evidencia empírica adversa, sostienen que el control de precios es una medida efectiva para vigilar la inflación. Sin embargo, desde la quinta dinastía de Egipto (2830 a. C.), en Sumeria, en Babilonia, con el Código de Hammurabi, la Grecia antigua y en la Roma imperial, mediante el tristemente célebre edicto de Diocleciano, los soberanos respondieron repetidamente a las alzas de precios exactamente del mismo modo. Increparon a los “especuladores”, pidieron a los simples particulares que muestren un sentido de responsabilidad social y recurrieron a leyes u otros expedientes para fijar los precios y los salarios, y evitar así que los precios siguieran subiendo. Sin embargo, tal como se lo documenta en el libro 4.000 años de controles de precios y salarios, de Robert Schuettinger y Eamonn Butler (reeditado por el Grupo Unión, a la venta en el mes de marzo), los hechos muestran una secuencia uniforme de fracasos reiterados. De hecho, el libro concluye queno existe un solo caso en la historia en el que el control de precios haya detenido la inflación o haya superado el problema de la escasez de productos.
El origen de esta confusión entre el Gobierno, el público y los economistas heterodoxos (la gran mayoría con raíces keynesianas-estructuralistas-marxista), que no hacen más que complicar más el asunto, radica en tres grandes errores conceptuales: (1) falta de comprensión de lo que es el mercado, (2) error conceptual sobre la relación entre el precio y los costos y (3) negación sistemática de la inflación como un fenómeno monetario.

1. Falta de comprensión de lo que es el mercado
Respecto a este punto, lo primero que hay que comprender es que el mercado es un proceso de cooperación social puesto en marcha por las actuaciones de una gran cantidad de individuos que, buscando satisfacer sus propias necesidades, realizan intercambios voluntarios que conllevan a la división del trabajo, lo que a su vez potencia el crecimiento, vía una mayor productividad. Los juicios de valor de estas personas, así como las acciones engendradas por las aludidas apreciaciones, son las fuerzas que determinan la disposición —continuamente cambiante— del mercado. A su vez, la situación queda reflejada a cada momento en la estructura de precios, esto es, en el conjunto de tipos de cambio (conjunto de precios relativos) que genera la mutua actuación de todos aquellos que desean comprar o vender. Nada hay en el mercado de índole no humana, mítica o misteriosa. En definitiva, este proceso de cooperación social que denominamos mercado no es, ni más ni menos, que el resultado de un conjunto de acciones humanas que, buscando el bien individual, llevan a cabo intercambios voluntarios, lo que conduce a un mayor bienestar general.
En función de ello, la idea de fijar un precio en el mercado representa un acto de intervención violenta por parte del Gobierno. Así, siguiendo a Murray Rothbard, la intervención consiste en el uso de la fuerza dentro de la sociedad que intenta sustituir las acciones voluntarias por la coacción. De hecho, el Estado es la única organización que está legalmente autorizada (con leyes que él mismo sanciona) para hacer uso de la violencia. Así, dentro de dicha línea de análisis existen dos tipos de efectos derivados de la intervención: directos e indirectos. Respecto al primero de los casos, cuando no hay intervención y la sociedad es libre, cada uno procederá de la manera que considere que hará a su bienestar máximo, por lo que cualquier intervención coercitiva que impida la realización de los intercambios deseados deriva en una pérdida de bienestar. Por otra parte, en cuanto a los efectos indirectos, estos tienen que ver con los impactos no deseados sobre el resto del sistema, donde, al generarse un exceso de demanda por fijar un precio máximo debajo del nivel de equilibrio en una parte del sistema, ello deriva en un conjunto de excesos de oferta en el resto de toda la economía, lo cual se traduce en sistemáticas pérdidas de bienestar.

2) Error conceptual sobre la relación entre el precio y los costos
La idea de querer determinar los precios en función de los costos en los que se ha incurrido en cada uno de los pasos del proceso productivo (los marxistas por medio de la teoría del valor trabajo y los keynesianos por el margen de ganancia sobre el costo salarial neto de la productividad del trabajo) es reflejo de la obtusa percepción sobre cómo funciona el sistema económico. Es más, tal como fuera demostrado por Carl Menger en sus Principios de economía política mediante la ley de imputación, son los precios los que determinan los costos y no al revés. Los consumidores fijan no sólo los precios de los bienes de consumo, sino también de todos los factores de producción;establecen así los ingresos de cuantos operan en el ámbito de la economía de mercado. Son ellos, los consumidores, y no los empresarios ni los sindicalistas (y mucho menos un político), quienes, en definitiva, pagan por cada insumo y a cada trabajador su salario. Por lo tanto, si uno quisiera determinar las causas de por qué suben todos los precios monetarios de la economía, las causas no están en los costos, sino en el continuo aumento de la emisión monetaria.

3) Negación sistemática de la inflación como un fenómeno monetario
El problema económico central del dinero es su valor de cambio objetivo. En este sentido, si el valor de cambio objetivo de un bien es su poder para adquirir una cierta cantidad de otros bienes a cambio, su precio está dado por esta cantidad de otros bienes. Por lo tanto, el poder adquisitivo del dinero viene determinado por la posibilidad de obtener una cierta cantidad de bienes económicos a cambio de una determinada cantidad de dinero. A su vez, el dinero, como cualquier otra mercancía, tiene su propio mercado y su precio está dado por su poder adquisitivo. Así, cuando se incrementa la cantidad de dinero ofrecida, el poder de compra de la unidad monetaria se reduce y, por ende, la cantidad de bienes que pueden obtenerse por unidad de esa moneda se reduce también (inflación).
De este modo, tal como lo señalara Milton Friedman: “Puede que los empresarios sean voraces, los sindicatos ambiciosos, los consumidores despilfarradores, los jeques árabes hagan subir el precio del petróleo y las condiciones meteorológicas a menudo sean malas. Todo esto puede conducir a aumentos de precios de bienes individuales, pero no puede llevar a un incremento general de los precios de los productos. Pueden provocar una suba temporal de la tasa de inflación, pero no pueden ser la causa de una inflación continua por una razón muy simple: ninguno de estos aparentes culpables posee la máquina de imprimir estos trozos de papel que llevamos en nuestros bolsillos”. En este sentido, “la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario y esta se contuvo solamente cuando se impidió que la cantidad de dinero continuara creciendo demasiado rápidamente; y este remedio resultó eficaz, se hubieran adoptado o no otro tipo de medidas”.
Por lo tanto, más allá de sus efectos económicos directos e indirectos sobre la economía en su conjunto, la imposición de precios máximos amenaza el consenso de valores compartidos por la comunidad, lo cual constituye la base moral de una sociedad libre. Así, cuando en nombre de la responsabilidad social se exhorta al público a someterse a estos controles, aquellos que se someten se terminan dañando a sí mismos y a la comunidad. Es más, aquella conducta moralmente cuestionable —evadir los requerimientos de las autoridades y violar los controles de precios y salarios impuestos— es beneficiosa, tanto desde el punto de vista privado como desde el punto de vista social. En este sentido, tales medidas incuban en el público la falta de respeto por la ley y hacen que los funcionarios se sientan propensos a emplear poderes extralegales y pongan en jaque los propios cimientos de la libertad.
En definitiva, las políticas de controles de precios son dañinas, porque no sólo posponen en el tiempo las medidas efectivas para controlar la inflación, al tiempo que desorganizan tanto la producción como la distribución, sino que además crean una fuerte división social y fomentan la puesta en marcha de restricciones que amenazan la libertad política de los individuos. En definitiva, es muy poco lo que se gana (un efecto pasajero de corto plazo) respecto a los enormes costos económicos y riesgos sociales en los que pueden derivar. Esta situación ya la hemos vivido durante la gestión del régimen kirchnerista con Guillermo Moreno y Axel Kicillof como cabezas visibles del proceso. La experiencia no ha sido satisfactoria en lo más mínimo, por lo que si verdaderamente estamos interesados en bajar la inflación, debemos comenzar a mirar lo que esté haciendo el Banco Central de la República Argentina y los motivos por los cuales se ve obligado a emitir dinero. Hasta que eso no ocurra no habremos avanzado ni un solo paso en la lucha contra la inflación.

domingo, 7 de febrero de 2016

Riesgos de Inconsistencias. (Nota Publicada en Diario Perfil el domingo 7 de febrero 2016).


Las negociaciones salariales están sobre el tapete. El Ministro Alfonso Prat-Gay presentó una pauta inflacionaria de 20%/25% para 2016 que apunta a coordinar las expectativas de inflación. Se busca convencer a la gente que la inflación bajará a 20%/25% para alinear todo el sistema de precios detrás de ese “número”; incluidas las paritarias salariales.

En este marco, la consistencia del Programa Económico es fundamental para que haya  credibilidad y se cumpla la pauta de inflación. Por el contrario, con inconsistencias, la credibilidad desaparece y la probabilidad de incumplimiento aumenta. Las inconsistencias surgen cuando el público no cree en la política, ya sea porque el objetivo de inflación entra en conflicto con otros objetivos de política (cronograma fiscal), o porque la política que en algún momento fue óptima deja de serlo.

De acuerdo con el programa (gradual) fiscal presentado y según nuestras estimaciones, el Gobierno tiene necesidades financieras por 10,3% del PBI (US$ 50 mil millones) en 2016. La mitad del financiamiento provendría de organismos internacionales, intrasector público y del BCRA que, según Prat-Gay, emitiría $ 165 mil MM para asistir al Tesoro. Para cumplir con la pauta inflacionaria (20%/25%), la mitad de esta emisión debería ser absorbida con “nuevas” Lebacs ($ 82.500 millones adicionales). La carga financiera total del BCRA ascendería a 7% del PBI.

En este marco, en 2016 se necesita colocar deuda por un “piso” de US$ 25 mil millones (5% del PBI) para cumplir con ambas cosas: cronograma fiscal y pauta de inflación. Sin embargo, aún arreglando con los holdouts, existe el riesgo de que la Argentina no pueda emitir toda la (nueva) deuda necesaria. Si no se puede emitir toda la deuda necesaria, el BCRA deberá emitir más pesos y la política económica empezará a sufrir de inconsistencia dinámica.

La política se torna inconsistente porque emitir “poco” impide cumplir con el programa fiscal y/o porque mantener la inflación baja (con elevada tasa de interés) deja de ser óptimo, ya que como contrapartida aumenta el desempleo (más aún sin el maquillaje de crear empleo público “a lo K”). En este marco, la puerta de salida termina siendo un BCRA emitiendo más, con lo cual la tasa de inflación se eleva, la devaluación es mayor, la variación del PBI real más débil y el poder adquisitivo del salario menor. De acuerdo con este análisis, cuanto menos deuda se pueda colocar y más tenga que emitir el BCRA, mayor será la inflación promedio anual.

Este potencial escenario puede mirarse a través del vaso medio vacío o a través del vaso medio lleno. Sin todo el financiamiento necesario y con inconsistencia dinámica de la política económica, el vaso medio vacío queda en evidencia cuando observamos que existe la probabilidad de que la inflación promedio anual de 2016 termine siendo superior a la pauta oficial del 20%/25%.  Por el contrario, el vaso medio lleno queda en evidencia a través de tres aspectos.

Primero cuando tenemos en cuenta que, dado que la política monetaria impacta con un retardo de entre 10 y 18 meses, la anterior gestión del BCRA había dejado una inflación subyacente del 48% anual (como herencia) para 2016. Segundo, cuando recordamos que en 2014 Kicillof devaluó 32% (punta a punta) y 48% (promedio) y la inflación fue 39% anual. Tercero, cuando tenemos en cuenta que es probable que la inflación anualizada del segundo semestre de 2016 cumpla la pauta del 20%/25% aún cuando la inflación promedio anual de 2016 sea mayor. Esto dependerá de cuánta deuda se pueda colocar y cuánto termine emitiendo el BCRA.   

En este escenario, es probable que a lo largo de 2016 la inflación tenga una trayectoria descendente lo cual, de la mano del sinceramiento del tipo de cambio, permitiría ganancias (¿15/18%?) de competitividad en el tipo de cambio real; lo opuesto a lo acontecido con Kicillof en 2014 cuando la inflación más que se “devoró” la devaluación en tan sólo 6, 8 meses. Es decir, sería un error extrapolar la actual dinámica de precios para todo el resto del año. De acuerdo con este análisis y siguiendo lo propuesto por mi colega Javier Milei, lo mejor sería particionar las paritarias en 2016. Si la realidad convalida nuestro análisis, se habrá dado un fuerte golpe en la lucha contra la inflación

viernes, 5 de febrero de 2016

Un límite al Malestar Social (publicada en INFOBAE el 5 de febrero 2016)

por Javier Milei

Culminado el primer mes del año, luego del salto en la tasa de inflación durante los meses de diciembre y enero y de la presentación del programa económico por parte del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, nos encontramos frente al inicio de las negociaciones salariales (paritarias) entre los sindicatos y el Gobierno. Según la forma en que se presenten, pueden derivar en situaciones de alta o de baja inflación.
Naturalmente, al momento de analizar el nivel de salarios no sólo deberían considerarse los precios (y por ende su tasa de variación, inflación), sino también la evolución del nivel de la productividad (marginal) del trabajo, ya que el salario de equilibrio viene determinado por el producto entre estos últimos dos conceptos. Así, cuando la tasa de variación de los salarios nominales excede a la suma del crecimiento de los precios y de la productividad del trabajo, las ganancias de las empresas caen y así se reduce la demanda de trabajo, lo que genera desempleo (esto castiga en mayor medida a los trabajadores menos calificados del mercado, ya que son los que estarían dispuestos a trabajar por menores salarios reales).
Por otra parte, en el caso opuesto, las empresas tendrán rentas extraordinarias que podrán aplicar a: demandar más trabajo, o acumular capital, o ahorrar (lo que implica financiar la inversión en otros sectores de la economía), donde cada una de estas alternativas conlleva la creación de nuevos puestos de trabajo y mejores salarios reales.
Además, en dicho análisis debería quedar claro que no sólo intervienen las cuestiones presentes, ya que tanto la tasa de inflación (dados los rezagos en la política monetaria) como la productividad (el stock de capital físico fruto de la inversión realizada en los últimos años) vienen determinadas mayormente por decisiones hechas en el pasado. Puesto en otros términos, para el presente año, como el stock de capital del momento inicial está jugado, el Gobierno sólo podrá trabajar parcialmente en la tasa de inflación. Esto es, dado que la política monetaria tiene un rezago de 18 meses, un tercio de la inflación estará dada por lo actuado por Alejandro Vanoli (quien, al emitir al 40%, dejó un piso de inflación del 13%) y los dos tercios restantes por lo que emita Federico Sturzenegger. Al mismo tiempo, si el Banco Central (BCRA) se restringe al objetivo de inflación del 22,5% (valor medio de la banda) fijado por el ministro Alfonso Prat-Gay, la tasa de emisión no debería superar el 15 por ciento.
Sin embargo, el tema no es tan simple, ya que en medio de dicho proceso puede aflorar lo que los economistas llamamos el problema de la inconsistencia dinámica. Así, cuando el Gobierno anuncia una política, el público puede considerarla no creíble, bien porque la regla que es óptima en un período deja de serlo en un período posterior, bien porque contradice otros objetivos del Gobierno, de tal modo que los agentes privados esperarán que este desista de llevarla a cabo. Este último caso es el que se asemeja a la situación que deseamos analizar. Para ello, suponiendo que tanto el Banco Central como los sindicatos sienten el mismo rechazo (tienen la misma función de pérdida social) por la inflación, el desempleo y la caída del salario real (el peor de estos últimos dos), a continuación se presenta una matriz de resultados en términos de mercado de trabajo y de inflación.
En la parte superior de la matriz se presentan las opciones de política monetaria del BCRA, las cuales constan en seguir una estrategia dura o una laxa en materia de inflación. Por otra parte, en el lado izquierdo de la matriz están las opciones de los sindicatos (quienes no difieren de modo sustancial de las preferencias de la comunidad), que constan en pedir altas o bajas tasas de aumento salarial. En este sentido, cuando los sindicatos piden altos salarios y el BCRA es laxo (extremo superior izquierdo de la matriz), si bien no hay desempleo (μ), la tasa de inflación (π) es alta, tal que el salario real (w) queda constante. A su vez, en el caso opuesto (diagonal al caso anterior), si los sindicatos piden bajos salarios, tampoco hay desempleo, pero la inflación es más baja, sin cambios en el salario real, por lo que este resultado (mismo desempleo y salario real con menor inflación), desde el punto de vista social, es preferible al anterior. Por otra parte, si los sindicatos van por tasas de variación de salarios altas y el BCRA es duro en su política (extremo superior derecho de la matriz), si bien la tasa de inflación bajará, ello será con un alto costo social en materia de empleo (el cual crece cuanto mayor es la divergencia entre la variación de salarios y la tasa de emisión). En la situación opuesta, la laxitud del BCRA llevaría a pérdidas sociales tanto por la mayor inflación como por las caídas del salario real.
 
MATRIZ
El juego que se presenta, en la literatura especializada, se conoce como batalla de los sexos, donde, frente a esta situación, surgirán dos equilibrios de Nash: (i) altas tasas de variación de salarios con una tasa de inflación alta y (ii) bajas tasas de variación de salarios con una tasa de inflación baja (la solución requiere de estrategias mixtas). Sin embargo, al igual que en el caso del juego mencionado, en el proceso de negociación salarial las decisiones no se toman de forma simultánea, sino en forma secuencial. Así, partiendo de la base de que los sindicatos moverán primero, el juego secuencial adopta el siguiente formato:
 
JUEGO SECUENCIAL
Bajo este nuevo diagrama, cuando los sindicatos prefieren reclamar altas tasas de variación de los salarios, el Banco Central debe elegir entre una política laxa o una dura, donde en el primer caso el salario real no varía frente a una alta inflación, mientras que en el segundo, si bien la tasa de inflación es baja, el desempleo es importante. De hecho, frente a esta situación, el Banco Central terminará cediendo (equilibrio de Nash número 1).
Por otra parte, si los sindicatos van por un requerimiento de bajas tasas de variación de salarios, el Banco Central elegirá una política monetaria dura, donde no sólo la tasa de inflación será baja, sino que tampoco habrá pérdidas en materia de mercado laboral (equilibrio de Nash número 2).
Dados estos dos equilibrio de Nash, debería resultar claro que el segundo es superior al primero (mismo nivel de empleo y salario real con menor inflación), por lo que, en caso de que existiera un escenario de credibilidad perfecta, los sindicatos deberían tomar la estrategia de pedir bajas tasas de variación de salarios. Sin embargo, dado que el programa económico anunciado por el ministro Prat-Gay requiere de un financiamiento de 7% del PIB (treinta mil millones de dólares), al tiempo que el BCRA debería soportar una carga financiera de otros 7,5% del PIB (resultante del roll-over de las letras del Banco Central, más la esterilización de intereses y la mitad de la emisión fiscal), ello hace que la credibilidad esté en jaque. Concretamente, si el Gobierno no logra conseguir estos niveles de endeudamiento, se vería forzado a recurrir a fuentes alternativas de financiamiento (Banco de la Nación Argentina y Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social), junto con una mayor emisión monetaria. Consecuentemente, la tasa de inflación sería más elevada, los salarios reales caerían y ello implicaría una fuerte pérdida a nivel social. Dado que los sindicatos tienen conciencia del nivel de desafío financiero, el segundo equilibrio de Nash no supera la prueba de credibilidad y resulta óptimo para los sindicatos y la sociedad ir al equilibrio de alta inflación, sin pérdidas de salario real ni empleo.
Aunque este resultado es robusto, no deja de ser ineficiente, ya que se podrían conseguir los mismos resultados en materia de empleo y salario real sin tanta inflación. Por lo tanto, una posibilidad de salir de esta trampa consta en achicar el período de negociación. Esto es, lo que podría proponer el Gobierno es particionar las paritarias a lo largo del año, al tiempo que se va monitoreando la evolución del escenario financiero del Gobierno y del Banco Central. De este modo, si las premisas del plan de Alfonso Prat-Gay se validan en los hechos, se habrá dado un fuerte golpe en la lucha contra la inflación. En su defecto, se habría puesto un límite al malestar social.