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sábado, 16 de mayo de 2015

Pensando en bajar de verdad la Inflación (Nota publicada en Diario Perfil el 16/5/2015)

http://www.perfil.com/columnistas/Pensando-en-bajar-de-verdad-la-inflacion-20150516-0022.html

La inflación interanual bajó algo más de 10 puntos porcentuales: 38,9% (abril’14) a 27,3% (abril’15). En términos mensuales cayó de +2,6% (abril’14) a +1.8 (abril’15) 2015). Sin lugar a duda, la desaceleración de la inflación es positiva pero tampoco para festejar, porque no se visualiza una sólida, constante y genuina trayectoria descendente a niveles anuales de 20%; 15%; 10 y 5% anual en el mediano plazo. Por el contrario, hay probabilidad que la inflación vuelva acelerarse más adelante.  En este sentido, hay tres variables (política cambiaria oficial, expectativas de inflación y política monetaria del BCRA) cuya interacción podría acelerar (algo) la inflación hacia fines de 2014 y comienzos de 2015.

La política cambiaria oficial: el dólar cuasi fijo baja la inflación presente a expensas de probablemente incentivarla más adelante. Es decir, devaluar el tipo de cambio oficial mucho menos que la inflación probablemente terminaría alimentando las expectativas de devaluación y por ende la aceleración inflacionaria futura. En este sentido, sólo hay que mencionar que hacia fin de año el tipo de cambio real contra el dólar estadounidense se ubicaría (con dólar a $9.8) alrededor de un -6.0% por debajo del nivel de salida de Convertibilidad. El tipo de cambio real contra Brasil se encontraría -41% por debajo de cuando se devaluó en enero 2014. 

Las expectativas de inflación: tanto la teoría económica como la evidencia empírica muestran que la inflación bajará sostenidamente si y sólo si  la gente cree que vaya a bajar. Por el contrario, si la gente espera que la inflación no baje, efectivamente no termina bajando. Y esto último es lo que sucede en la economía argentina. De acuerdo con el índice de expectativas de inflación que elabora la UTDT, el público espera que la inflación se ubique en torno al 30% anual durante los próximos 12 meses, por lo cual es poco probable que pueda consolidarse una baja sostenible por debajo de ese nivel.

Es más, las expectativas de inflación en Argentina, como Robert Lucas nos ha enseñado, son actualmente racionales; y tienen en cuenta el frente fiscal, monetario y cambiario. Las expectativas de inflación tenderían a la baja si y sólo si el déficit fiscal disminuyera, la dominancia fiscal retrocediera  y la emisión monetarias se suavizará. Y justamente, sucede todo lo contrario. Esperamos que el déficit fiscal aumente de 4.8% (2014) a 6.9% (2015) del PBI. Como contrapartida, esperamos un aumento del +84% del señoreaje, subiendo de +$148.700 MM (2014) a +$274.000 MM (2015).

La política monetaria del BCRA: el profesor Friedman nos ha enseñado que la política monetaria actúa con retardos de entre 12 y 24 meses; o más. La evidencia empírica lo avala. Según nuestras estimaciones econométricas significativas (R2 de 0.73), las variaciones de la tasa de crecimiento de la base monetaria (del tipo de cambio) impactan con un retardo de entre 12 y 18 meses (de inmediato) sobre la inflación. En este contexto, la presente desaceleración de la inflación no se debe a lo que está haciendo el BCRA hoy, sino a lo que hizo hace un año atrás. Y por el contrario, la política monetaria de Vanoli empezará a impactar sobre la inflación hacia fin de año y comienzos de 2016. 

 La apuesta del BCRA de Vanoli es clara: expandir la base monetaria lo máximo posible, minimizando la colocación de LEBACs para que haya cada vez más pesos, baje la tasa, aumente el crédito de corto plazo, el consumo y la demanda agregada. Los números son elocuentes. En el primer cuatrimestre del año Vanoli (+15.476 MM) tenía que emitir menos de la mitad de lo que tuvo que emitir Fábrega ($32.307 MM) en el mismo período,  ya que la mayor venta de dólar ahorro absorbe automáticamente más pesos y porque la soja más barata obliga a emitir menos. Sin embargo, Vanoli decidió compensar esta situación colocando casi nada de LEBACs. La colocación de LEBACs de Vanoli ($8.948 MM) fue 85% más baja con respecto al mismo período del año anterior     (-$57.341 millones). También cayó en términos relativos, pasando de 2% (Vanoli) a 15% (Fábrega) del stock de base monetaria.

En este escenario, la base monetaria está creciendo al 33% a/a, lo cual es 14p.p. más alta que hace doce meses atrás (19%) y 6p.p. superior al PBI nominal, lo cual promete acelerar el ritmo de inflación en el mediano plazo. ¿Por qué? Porque la actual política del BCRA converge a lo que había sido su política en 2010 / 2013, creándose un exceso de oferta de pesos que de persistir, terminaría muy probablemente generando aceleración inflacionaria y, quizá, problemas cambiarios en el próximo año. La experiencia del 2014 es prueba de ello.

Más allá de la herencia que recibida, no hay duda que la próxima administración deberá bajar la inflación para apuntalar la inversión y tener chances de retornar al sendero del crecimiento perdido. Los números de los últimos 4 años están en línea con la teoría y avalan que altos niveles de inflación sostenida duran “matan” el crecimiento; la tasa de variación del PBI fue 0.3% en Argentina y 3.9% en la región. Si tenemos en cuenta que nuestra población crece a un ritmo de 0.8% anual, la conclusión es que cada argentino tiene, en promedio, cada vez menos bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. Sin vueltas, durante la segunda presidencia de CFK aumentó la pobreza y bajo la calidad de vida.


Más allá de todo es oportuno advertir que bajar la inflación anual en torno al 3%/5% (niveles de  la región) probablemente demande más tiempo que el deseado. La economía argentina presenta actualmente un conjunto de características que hacen que la tarea de bajar la inflación no sea sencilla: Primero, la inflación es muy elevada y sextuplica el nivel promedio de la región. Segundo, el próximo gobierno recibirá la inflación acelerándose. Tercero, existe una fuerte dominancia fiscal que impide encararse una política anti-inflacionaria seria y responsable. Cuarto, el BCRA tiene una carta orgánica que impide institucionalizar una batalla contra la inflación, lo que resulta fundamental para la puesta en marcha de cualquier programa anti inflacionario. Quinto, en la economía argentina hay un desequilibrio monetario que aumenta con el señoreaje de Vanoli, por lo que no se sabe cuántos pesos terminarán sobrando al final de 2015. Este exceso de oferta de pesos deberá ser absorbido para bajar la inflación. Cuanto mayor sea dicho desequilibrio, más tiempo demandará combatir la inflación. Sexto, el cepo cambiario; el combate de la inflación exige que la apertura del cepo sea ordenada y con el tipo de cambio de equilibrio lo más bajo posible, de manera que la corrección cambiaria y su traslación a precios sean moderadas. Séptimo, la política anti inflacionaria exige como pre requisito la construcción de un índice de precios creíble y confiable. Octavo, el régimen anti inflacionario que se adopte, ya sea metas monetarias o metas de inflación, exige que el tipo de cambio deje de ser objetivo de política económica. Justamente lo contrario de lo que ha aplicado Argentina durante todos los últimos años. Noveno, el régimen anti inflacionario exige abandonar la política de tasas de interés negativas que se aplicó durante todos estos últimos años, de manera de recrear los instrumentos y mecanismos de ahorro que apuntalen la demanda de dinero como reserva de valor.


sábado, 2 de mayo de 2015

Por qué la Competitividad no dejó de caer durante el Kirchnerismo (Nota publicada en INFOBAE el 2/5/2015)

En 2015 la economía argentina seguirá transitando un sendero con cada vez más pesos y menos dólares; y la divisa norteamericana encareciéndose mucho menos que la inflación. Los problemas seguirán creciendo debajo de la alfombra. Muy probablemente, estos problemas no saldrán a la superficie hasta después de las elecciones.
La falta de competitividad, que atraviesa toda nuestra economía, es el principal problema escondido debajo de la alfombra; y aumenta a medida que la actual política fiscal y monetaria del gobierno persista en el tiempo. Las políticas macro actuales, al ser inconsistentes y atentar contra el equilibrio general de la economía, erosionan la competitividad de todos los sectores productivos (uno por uno) y de la economía en general, atentando contra la inversión y la capacidad de generar empleo. En este sentido, vamos a ver que ha estado sucediendo en el campo y la industria durante los últimos años.
El sector agro exportador, el sector más dinámico de la economía argentina, es paradigmático en este sentido. A pesar que el actual precio (usd350) de la tonelada de soja más que duplica al de la salida de la Convertibilidad (usd150), la competitividad presente del campo está 5% por debajo de los niveles de 2001. Es más, a fin de año se ubicaría 11 puntos porcentuales por debajo del nivel de hace 14 años atrás. En este contexto cabe preguntarse: ¿cómo puede ser que el sector agro exportador siga produciendo con la misma competitividad que en 2001 y cómo puede ser que la competitividad actual con una soja a 350 sea similar a la del 2001 con una soja a 150 dólares; es decir a menos de la mitad de hoy en día?
La primera parte de la pregunta es fácil de responder. Desde 2001 hasta hace unos años atrás, el sector agro exportador había invertido fuertemente, aumentando su eficiencia, productividad y rindes. El rendimiento promedio por hectárea de la soja creció un 23.3%, pasando de 2.100 (1990 / 2000) a 2.590 (2001 / 2014) kilos. La segunda parte de la pregunta es explicada por el aumento de la presión tributaria y la inflación en los costos de producción, que hacen que la competitividad actual (con soja a usd350) sea más baja que la del 2001 (con soja a usd150).
En el fondo, tanto la suba de la presión tributaria como el proceso inflacionario son resultado del mismo fenómeno: el aumento del gasto público. Entre 2003 (16.6%) y 2014 (33.1%) el ratio gasto nacional / PBI creció un 99%. Una parte de dicho incremento del gasto nacional fue financiado con un aumento del 74% de la presión tributaria federal; la otra parte se pagó con emisión monetaria e impuesto inflacionario. Este exceso de presión tributaria sumado al impuesto inflacionario y el aumento de los costos de producción han ahogado al sector dejándolo sin competitividad; es decir sin posibilidad de hacer negocios y dinero (acumular capital). Para peor, el incremento de la presión tributaria no tuvo como contraprestación mejores servicios públicos (rutas, autopistas, servicios públicos, puertos, etc) que apuntalen la competitividad.
Los números son elocuentes. La competitividad registrada a fin del año pasado (1.06) era apenas superior a la de la salida de la Convertibilidad, pero sin retenciones (1.44) habría sido un +44% superior. Si también la "limpiáramos" de la suba de la presión tributaria provincial (principalmente IIBB), la competitividad del campo sería aún mayor. Paralelamente, los costos de producción aumentaron +1343% para el poroto de soja y +1300% para el aceite y harina de soja desde 2001. Un incremento similar experimentó el aceite de girasol.
Los problemas de competitividad son aún mayores en la industria manufacturera. En la industria, que es más mano de obra intensiva que el campo, el costo laboral unitario (ULC) es una buena medida de competitividad. El ULC indica cuántos dólares ligados al trabajo cuesta cada "unidad de producto". Es decir, este indicador considera varias dimensiones: salario, los impuestos al trabajo, el out-put por trabajador y tipo de cambio nominal. En este marco, a mayor ULC, menor competitividad, más difícil es competir y más protección se demandará (para sobrevivir).
En concreto, el ULC se encuentra un 51% por encima de los niveles e fines de 2001; en tanto que presenta un incremento del 14% anual en promedio entre el último cuarto de 2002 y el mismo periodo de 2014 (400% entre puntas).¿Cómo se compone esta suba del 14% promedio anual del ULC? Es resultado de una suba promedio anual de los costos laborales (salario + impuestos) en dólares del 17% que no es compensada por los avances de la productividad del trabajo, que sólo ha crecido a un promedio del 2% anual; o sea casi nada.
La falta de mejoras en la productividad no es un problema nuevo, sino que data de décadas. Puntualmente, en los últimos treinta años la productividad industrial avanzó sólo marginalmente. Por ende, si bien es imprescindible que los niveles de inversión mejoren en el futuro, tampoco se puede esperar que haya un mega salto de inversión que resuelva en forma completa los problemas de productividad, competitividad y de costos en el corto y mediano plazo. Este efecto sólo se logrará en el largo plazo, para lo cual es imprescindible que haya ahorro que financie inversión. Para lo cual es fundamental reducir el gasto público, bajar la presión tributaria y desahogar al sector privado.
No obstante, se debe mejorar la competitividad de la industria en el corto y mediano plazo para que la economía vuelva a crecer rápidamente. Y en el horizonte temporal más breve, la mejora de la competitividad debe sustentarse sobre otros pilares, ya que la maduración de las inversiones sólo se refleja en el largo plazo.

El menú de alternativas para mejorar la competitividad de la industria en el corto plazo sería: i) corrección del tipo de cambio que licué salarios y/o ii) baja de costos laborales por obrero ocupado. Pero una devaluación aislada no sólo es inútil, sino que sería perjudicial porque potenciaría los problemas trasladándose a precios inmediatamente. Es más, se trasladaría a precios más rápidamente que la devaluación de enero 2014. En pocas palabras, devaluar no serviría para mejorar la competitividad; traería más problemas que soluciones. 

Una alternativa sería bajar el ULC y mejorar la competitividad de la industria reduciendo los costos laborales mediante una reducción de los impuestos al trabajo, que son record histórico; e implica bajar el costo laboral sin licuar el salario de los trabajadores con una devaluación.

El ratio impuestos al trabajo (aportes y contribuciones patronales) / masa salarial aumentó 44%, pasando del 11.3% (2004) al 16.3% (2014). Lógicamente, este ratio sería mucho mayor si se excluyeran de la masa salarial a los empleados en negro que representan un 25% de los trabajadores en el cuatro trimestre del 2014. En el cuarto trimestre de 2014, el costo salarial de un empleado registrado promedio de la industria alcanzó $22.119 con un salario de bolsillo de $15.213; dejando entrever una diferencia del 45% entre uno y otro. Poniendo blanco sobre negro, de cada 100 pesos que un empresario destina a pagar salarios, 31 pesos van al Fisco y 69 van para el empleado. 

A modo de ejercicio, si los impuestos al trabajo se redujesen a la mitad, dejando el resto de las variables contantes, la competitividad mejoraría aproximadamente un 15%, ubicándose nuevamente en los niveles del tercer trimestre de 2011 antes del cepo cambiario. Luego en el mediano y largo plazo, si a esto se le agrega mayores niveles de inversión y consecuentemente de producto por trabajador, los salarios crecen pero la industria sigue siendo competitiva, iniciándose el largo sendero para dejar la trampa del subdesarrollo detrás.   


En síntesis, los problemas de competitividad no se arreglan devaluando. Se corrigen reduciendo el peso del gasto público y los impuestos. La competitividad se restituye volviendo a la solvencia fiscal y haciendo política monetaria prudente y anti inflacionaria, con una tasa de interés que incentive el ahorro y apuntale el financiamiento para la inversión.