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lunes, 22 de abril de 2019

GOBIERNO Y BCRA: MANOTAZOS DE AHOGADO CONDENADO A TRAGAR AGUA

https://www.ambito.com/gobierno-y-bcra-manotazos-ahogado-condenado-tragar-agua-n5027400


Los resultados de las políticas económicas dependen de la credibilidad del gobierno que las aplica y del diseño de las mismas. Si el diseño es consistente y hay credibilidad, los agentes económicos alinean sus expectativas con las expectativas del gobierno y en consecuencia, los resultados terminan siendo los originalmente buscados.

Por el contrario, si no hay credibilidad, los agentes forman expectativas totalmente desalineadas con las del gobierno. Los agentes se protegen, adoptan comportamientos defensivos, en Argentina la demanda de dinero cae, las presiones cambiarias e inflacionarias aumentan, el dólar y la inflación suben, y así la política termina fracasando y es abandonada. En este marco, la pregunta del millón es: ¿Habrá credibilidad esta vez?

La credibilidad no es magia, sino que se construye a partir de la reputación. La reputación es mirando hacia atrás y la credibilidad hacia delante. Con reputación, se puede tener credibilidad, pero tampoco está asegurada. Es decir, la reputación es condición necesaria pero no suficiente para tener credibilidad. Por el contrario, no se tiene reputación cuando nada de lo prometido se cumplió y cuando nada salió según lo planeado. En este marco, un gobierno sin reputación tiene que hacer grandes esfuerzos y aplicar políticas extremas para intentar lograr tener chances de acceder a la credibilidad y que algo le “salga” bien.

De acuerdo con nuestro análisis, el BCRA y el Poder Ejecutivo Nacional (con sus Ministerios) no tienen absolutamente nada de reputación. Su pasado los condena. No sólo vivieron incumpliendo y errando, sino cambiando sistemáticamente tanto la política monetaria como la política fiscal; y en ambos casos los resultados obtenidos fueron cada vez peores. No sólo no hay nada de reputación, sino que los diseñadores y ejecutores de las nuevas medidas son los “mismos que erraron siempre” y además, las nuevas políticas son inconsistentes, están mal diseñadas, nunca sirvieron en ningún país y en ningún momento histórico, y hasta el mismo gobierno no creen en ellas; ergo, hay menos credibilidad que nunca. 

En este marco, los agentes económicos continuarán formando expectativas económicas desalineadas con los objetivos de la política económica y el gobierno. Al no creer en el éxito de las políticas del gobierno, los agentes económicos adoptarán comportamientos defensivos procurando protegerse. La caída de la demanda de dinero se intensificaría, las presiones cambiarias resurgirían y la inflación no bajaría o (más adelante) se volvería a acelerar. El dólar se dirigirá a la banda de $51.45 más pronto que tarde.

Como si todo lo anterior fuera poco, probablemente se viene el ciclo electoral más complicado de la historia. Si el próximo 22 de junio se confirma que la contienda electoral es Macri versus CFK, la caída de la demanda de dinero y sus efectos negativos sobre las variables económicas, financieras y sociales se intensificarán. Macri y CFK tienen 70% de imagen negativa, lo cual muestra que ambos tienen pésima reputación y nula credibilidad.

Con dos candidatos a presidente sin reputación ni credibilidad, los agentes económicos formarán expectativas muy negativas y  la dolarización de carteras será la mayor de la historia en ciclos electorales. En este sentido, es útil recordar que durante el ciclo electoral 2015 el BCRA perdió usd9.000 millones. Esta dolarización probablemente récord se retroalimentará con el mal diseño de las nuevas políticas recientemente anunciadas en general y los cambios de política monetaria en particular, que acumulan inconsistencias sobre inconsistencias, volviendo al BCRA cada vez menos creíble. 

En pocas palabras, la nueva política del BCRA agudiza su pésimo diseño. Se siguen emitiendo LELIQs, el cuasi-fiscal crece, pero se le pone fórceps al dólar y el BCRA asegura que los va a vender más barato (en relación a lo que se sabía ayer) hasta final de diciembre 2018. Fijar el precio del dólar y bajar la devaluación de las bandas cambiarias al 0% anual implican que, cuando se toque la banda, cada peso que vaya contra el BCRA significará una pérdida mayor de reservas en relación al programa anterior. Es decir, en un escenario similar de corrida, “ahora” las reservas duran “menos”, lo cual es un incentivo adicional que alimenta la potencial corrida. En este marco, hay que monitorear el comportamiento de los depósitos privados a plazo fijo, ya que la caída de la demanda de dinero y la corrida contra las reservas se materializará y alimentará de estos depósitos.

Una vez iniciada la corrida, el dólar se moverá ascendentemente dentro de la banda. Una vez que el dólar toque $51.45, el BCRA empezará a vender reservas. Si el BCRA puede usar usd9.000 MM totales y vende usd150 MM diarios, esas reservas “duran” 60 días hábiles; o sea tres meses. No obstante, la caída de la demanda de dinero y el apetito por el dólar aumentan con la venta de reservas. En este sentido y sólo a modo ilustrativo, si el BCRA vende usd200 MM (usd250 MM) diarios, los usd9,000 millones de reservas duran 45 (36) días hábiles, o sea 2 meses (1 mes y medio).

Según nuestro análisis, pensamos que la macroeconomía argentina está por sumergirse en un “juego” de “cuánto” pesos corren contra “cuántos” dólares. Y en esta dinámica, el resultado del “partido” depende de cuántas reservas el BCRA esté dispuesto a perder para mantener un tipo de cambio fijo que (más temprano que tarde) el mercado desafiará. La nula reputación, la falta de credibilidad, el mal diseño de la política monetaria y el potencial ciclo electoral de Macri contra CFK no sólo acercan la “corrida” en el tiempo sino que (como explicamos más arriba) la alimentan y potencian.

En este escenario, pensamos que este actual y nuevo parche de política económica durará menos que los cinco meses que duró el plan original de Sandleris. Es lógico, al haber menos reputación y credibilidad y tener peor diseño de política monetaria, los tiempos necesariamente deben acortarse. Concretamente, si el monto de reservas a vender es sólo usd9,000 MM, todo parecería indicar que este nuevo parche no durará  monetario hasta fin de año (230 días quedan para que asuma el próximo gobierno).   

Sin embargo, sí hay una certeza. Cuánto más dólares se vendan y más tiempo el BCRA mantenga el dólar cotizando en $51,45 en forma artificial, los problemas de fondo más se agrandarán y, consecuentemente, más cara será la factura a pagar en el mediano plazo. El tipo de cambio terminará saltando más y la inflación mayor será en 2020.

HAY QUE CERRAR EL BCRA Y ELIMINAR EL REM

https://www.perfil.com/noticias/columnistas/hay-que-cerrar-el-banco-central-y-eliminar-el-rem.phtml


En diciembre’18 los economistas del REM publicado habían pronosticado que la inflación de marzo’19 sería +2,4%. Paralelamente, proyectaban una inflación de +28% en diciembre’19. En marzo’19 la inflación fue +4,7%. En los últimos 6 (9 y 12) meses la inflación promedió +3,8% (+4,1% y +3,7%) mensual.

El gobierno tiene nula reputación y credibilidad; es decir, no posee ninguno de los dos elementos iniciales esenciales que se necesitan para poder tener chances de bajar la inflación. Sin reputación y sin credibilidad, lo más probable es que la inflación no baje o se acelere aún más de aquí a fin de año. Y si se la controlara y bajara, sólo sería en forma artificial midiendo precios congelados y con dólar sostenido artificialmente, con lo cual la inflación terminaría estallando más adelante. Hay riesgo de híper inflación. Planteando un escenario optimista pero miope, porque la inflación estallaría más adelante, si la suba de precios se desacelerara a +3,5% (+3,0%) promedio mensual de aquí a fin de año, en diciembre la inflación cerraría en +52% (+46%) interanual.

Los errores del REM no son la excepción, sino la regla. Los economistas del REM siempre erran groseramente. Desde junio ’17 hasta diciembre’18, cuando uno compara sus proyecciones 12 meses antes contra la inflación finalmente observada, el REM subestima la inflación en forma sostenida y creciente. El error aumenta sistemáticamente de 10 a 15; 20 y 25 puntos porcentuales. 
 
¿Cómo puede suceder que los pronósticos monetarios del REM se alejen tanto de la realidad? La explicación es compleja; y nosotros la resumimos con la frase: “Hay que cambiar la moralidad de la consultoría económica”. El promedio de los economistas no está bien formado en aspectos monetarios (nuestras Universidades tienden a ser neo Keynesianas o Keynesianas) y/o tiene intereses que no les permiten decir las cosas como son. ¿Por qué? Porque muchos consultores tienen contratos con el sector público, acceden a “inside information” que venden en consultoría, o directamente aspiran sumarse al gobierno, lo cual los obliga a tener un discurso optimista y positivo con respecto a las medidas de política económica y los futuros resultados del gobierno de turno.

Adicionalmente, el promedio de los economistas adopta un comportamiento de manada tendiente a evitar salirse de la “mediana”, lo cual potencia el error. Todo este comportamiento tiene costos para la sociedad. ¿Por qué? Porque los policy makers toman decisiones de política económica basadas en estas predicciones erróneas, lo cual conduce inexorablemente a pésimos resultados (mucha más devaluación, mayor inflación y peor nivel de actividad). Este rulo negativo entre economistas, políticos, medidas de política y resultados económicos marca a fuego 2017/2018/2019. Los economistas subestiman la inflación y el dólar, el BCRA toma decisiones basadas en dichas estimaciones y consecuentemente hace mala política monetaria. Resultado: las variables “vuelan por el aire” y la sociedad paga los costos. 

En este contexto y de acuerdo con nuestro análisis, el gobierno de Cambiemos ha desperdiciado la última oportunidad para poder bajar la inflación con Banco Central. La inflación bianual se ha acelerado de +75% (2016/2017) a +85% (2017/2018) y +116% (2018/2019), siempre y cuando cierre a +46% (escenario muy optimista). Desde 2005 a la fecha, la expansión de la base monetaria y la inflación acumulan +2195% y +1983%; respectivamente. En este marco, no sólo no tenemos moneda, sino que hay un repudio general al peso, similar al que había a finales de los ‘80s. En los ‘90s esta situación se resolvió poniendo la Convertibilidad y sacándole la política monetaria al BCRA. Sin embargo, esta alternativa ya no está disponible. En 2001/2002 nos llevamos puesta la Convertibilidad. Una nueva Convertibilidad no tendría reputación, ni credibilidad; ergo, ahora tampoco serviría para bajar la inflación. En otras palabras, para poder bajar la inflación se necesita una medida mucho más extrema que la Convertibilidad: hay que cerrar el BCRA. Sin BCRA y permitiendo libre competencia de monedas, es muy probable que los argentinos eligieran voluntariamente el dólar como dinero.      

MENOS ESTADO PARA MÁS PROSPERIDAD: DERRIBANDO MITOS ESTATALES

https://www.cronista.com/columnistas/Menos-Estado-para-mas-prosperidad-derribando-mitos-estatales-20190305-0022.html

Los datos muestran que el libre mercado es mucha mejor opción que el intervencionismo estatal. La libertad es el único camino a la prosperidad. Menos Estado es más libertad. Ergo, cuanto menos Estado, más prosperidad. Entre 1990 y 2014, el pbi per cápita de los países más libres (+3,63%) creció a un ritmo promedio anual +138% mayor que el de los países menos libres (+1,52%). El pbi per cápita en dólares PPP de los países más libres (usd41.228) es 7,5 veces mayor que el de los menos libre (usd5.471). Por otra parte, la pobreza extrema en los países más libres (1,9%) es inmensamente inferior a la que hay en los países menos libres (30.6%).   

Los resultados anteriores muestran que la teoría austríaca es la intelectualmente vencedora. De acuerdo con la teoría austríaca, el libre mercado maximiza la utilidad social porque todos ganan utilidad a partir de las transacciones voluntarias. Si las transacciones son en libre mercado, son voluntarias, y si son voluntarias, ganan todos; sino no existirían. De hecho, en libre mercado el agente económico intercambia voluntariamente porque (a priori) maximiza su utilidad, y cada transacción se produce por el beneficio esperado por cada parte de la transacción. En este marco, en el libre mercado no puede haber explotación.

Por el contrario, toda intervención del Estado consiste en el uso de la fuerza física agresiva dentro de la sociedad; significa sustituir acciones voluntarias por coacción. Con intervención estatal, los individuos hacen lo que no habrían hecho sin la coerción pública, o sea, cambian su accionar a causa de la amenaza de violencia; y en consecuencia pierden utilidad y calidad de vida. La intervención estatal se enfrenta irremediablemente al problema del cálculo económico. El interventor o planificador estatal no dispone del sistema de precios que le brinde la información necesaria para poder realizar correctamente sus cálculos, y así saber qué, cuánto y con qué calidad producir bienes y servicios. Sin precios, tampoco puede conocer la forma económica más correcta de producirlos. En este contexto, la intervención estatal siempre conduce a resultados muy diferentes a los deseados, inexorablemente peores.

Como muy bien explica Hayek en su último libro “Camino de la Servidumbre”, una vez que el Estado interviene, tal intervención causará consecuencias negativas no previstas, que el interventor observará e intentará “solucionar” con nuevas y crecientes intervenciones. Los problemas se seguirán agrandando e indefectiblemente habrá más intervenciones. Los malos resultados están condenados a multiplicarse y crecer en el tiempo. En este marco, se entiende que la diferencia entre el intervencionismo estatal, el socialismo y el comunismo es un problema de escala y no de esencia. Todos implican, con diferente ímpetu, menos crecimiento, menor creación de empleo, más pobreza y peor calidad de vida.

¿Por qué a la gente le cuesta ver esto? Porque desde el jardín de infantes, pasando por la primaria y secundaria, hasta la universidad se nos adoctrina en la religión del Estado. Desde pequeños se nos enseña que el Estado tiene que intervenir, regular, redistribuir y elegir ganadores y perdedores. La educación no es laica, tan sólo ha cambiado de religión. Antes, la educación estaba al servicio de la iglesia y su papa, cardenales y obispos. Ahora está al servicio del Estado y los políticos. En el pasado, el Estado, los políticos y funcionarios gobernaban por y para Dios. En el presente, los gobernantes tienen un conjunto de funcionales intelectuales cortesanos que filosofan, investigan, escriben teorías y desarrollan modelos para convencer al público (que ahora vota) que el Estado y los políticos gobiernan, intervienen, imponen contribuciones (impuestos) y gastan nuestro dinero mejor que nosotros persiguiendo el “bienestar público”. La educación pública es toda una maquinaria montada en este sentido. Hay todo un establishment académico (cortesanos) que no solo justifica y apoya la intervención estatal, sino que la reclama en cantidades creciente y mayores dosis. A cambio reciben ingresos, puestos y prestigio. En este marco, los cortesanos del Estado han creado una serie de mitos sobre las políticas públicas que procederemos a derribar.

1) El “buen” impuesto o impuesto neutral: no existe un impuesto neutral, es decir, un impuesto que mantenga el mercado igual que si no hubiera impuestos. Los impuestos son un acto violento y criminal que veja la propiedad privada. A mayor presión fiscal y más impuestos, más recursos se están retrotrayendo del accionar voluntario del mercado. Po rende, más violencia y crimen, mayor distorsión y efectos negativos, menos utilidad, actividad económica y bienestar.

2) El Gasto público no genera valor económico: el Estado gasta sin economizar, de más y sin poder maximizar la utilidad de los receptores; aunque la casta política sostenga lo contrario y diga conocer en que consiste el bienestar de los terceros y cómo alcanzarlos. Además, el valor económico que tiene el gasto gubernamental es nulo. Es fácil de explicar. El aporte o valor que cualquier sector productivo, empresa o agente hace al sistema económico se mide por la cantidad de dinero que la gente gasta voluntariamente en comprar los productos que ellos producen. Pero el valor del gasto público y del gobierno no se mide en el mercado. No hay pagos no voluntarios. Ergo, no hay valor económico. Es más, el gasto se financia “sacándole” al mercado; entonces en realidad resta. El aporte económico del gasto público es $0.

3) La mentira de la obra pública: los políticos se llenan la boca diciendo que la obra pública no es un gasto, sino una inversión: gasto de capital. Aplicar el término “capital” a cualquier gasto de gobierno es un error conceptual. “Capital” son los bienes productivos que se transforman hasta convertirse más tarde en bienes de consumo final (bienes inferiores). Los bienes de capital los crea el inversor, no por sí mismos, sino con el fin de utilizarlos para producir bienes de orden inferior a ser consumidos en el futuro. Los bienes de capital se crean para satisfacer las necesidades de los consumidores (terceros), no las del inversor (propias). Exactamente lo contrario sucede con el gasto público en general, y el gasto de capital que hacen los políticos. Ningún gasto gubernamental puede considerarse como auténtica «inversión», y nada que sea propiedad del gobierno puede ser considerado capital.

4) El dislate de los subsidios: en libre mercado la riqueza solo es producto de las elecciones voluntarias de todos los individuos que se prestan servicio entre sí. Los subsidios dislocan todo el escenario: se asigna riqueza sin producir y sin satisfacer al prójimo. Surge la posibilidad de enriquecerse a partir de tener la habilidad para controlar o hacerse amigo del aparato del Estado, es decir; corrupción. A más subsidio, más propensión a abandonar la producción e ingresar en las filas de los que viven a costa de otros. Más se impide el funcionamiento del mercado, más recursos quedan asignados en formas ineficientes, y más bajo es el nivel de vida de todos. Por ejemplo, el subsidio al desempleo es un subsidio al desempleo causado por leyes de salario mínimo o sindicalización obligatoria. El subsidio al desempleo impide que los trabajadores desempleados lesionen los intereses sindicales.

5) Las empresas estatales no pueden funcionar “bien”: una empresa privada tiene fondos limitados y voluntarios de los inversores privados; y esto hace que las firmas privadas tengan altos incentivos a “hacer las cosas bien” y ganar dinero brindando el mejor bien o servicio a los consumidores. Si no lo hacen, quiebran. Por el contrario, la empresa pública no tiene riesgo de quiebra ya que la capitalización gubernamental tiende a ser infinita, porque se nutre de los impuestos o del impuesto inflacionario. Esta falta de escasez hace que no haya incentivos correctos para determinar precios o costes, ni dar destino a factores o fondos de una manera racional. Y dado que todos los mercados están interconectados, las empresas públicas contagian caos a todo el sistema económico, conduciendo a la asignación ineficiente de recursos y la pérdida de utilidad y bienestar.

HAY TELA PARA BAJAR MUCHO EL GASTO Y LOS IMPUESTOS: -15% Y -10% PBI.

https://www.cronista.com/columnistas/Hay-tela-suficiente-para-bajar-mucho-el-gasto-publico-y-los-impuestos-20190224-0020.html


El presupuesto es una intervención binaria del Estado en la cual figura cuánto y en qué gastarán el gobierno y sus burócratas. El problema es que el gobierno no genera riqueza, en consecuencia, no tiene ingresos provenientes de la producción para financiar su gasto. Su única fuente de ingresos es coercitiva: impuestos e impuesto inflacionario.

El proceso de recaudación y gasto público distorsiona inevitablemente el destino dado a todos los factores productivos, alejándolos de la asignación que habría tenido lugar con transacciones voluntarias en libre mercado. Cuanto mayor sea el presupuesto del gobierno, más grande será la distorsión, y también mayor la carga y pérdida de utilidad que soportará la economía.
Concretamente, a mayor presión fiscal, impuestos y gasto, más violencia y distorsiones, menos utilidad y bienestar. Lo importante es el peso de los impuestos y del gasto en relación con el ingreso y la producción privada. Cuánto más cercano a cero; mejor. No existe un impuesto neutral, es decir, un impuesto que mantenga el mercado igual que si no hubiera impuestos. De aquí, pensamos que se da excesiva importancia al tipo de impuesto. Aunque es relevante, nosotros lo subordinamos a la importancia del nivel total de impuestos.

El gasto público es la peor forma de gastar dinero: se gasta sin economizar, se gasta de más y sin procurar el máximo valor. Se gasta sabiendo que dichas erogaciones no maximizan la utilidad de los receptores; aunque la casta política sostenga lo contrario y diga conocer en que consiste el bienestar de los terceros y cómo alcanzarlos. Además, el valor económico que tiene el gasto gubernamental es nulo. Es fácil de explicar.

El aporte o valor que cualquier sector productivo, empresa o agente hace al sistema económico se mide por la cantidad de dinero que la gente gasta voluntariamente en comprar los productos que ellos producen. Pero el valor del gasto público y del gobierno no se mide en el mercado y los pagos no son voluntarios, ergo; resulta imposible estimarlo. De hecho, no se puede saber cuánto se le hubiera pagado si los pagos fueran puramente voluntarios. Lo único que se sabe es lo que nos lo “sacan”; entonces su valor es 0. Sin embargo, los políticos intentan “vender” a la sociedad que su aporte al sistema económico tiene que ser medido por cuánto dinero ajeno ellos gastan en terceros. Es como cuantificar el aporte a la sociedad de los ladrones midiéndolo por cómo gastan su botín. Una locura. Los ladrones le quitan a la sociedad, no le dan nada.

Argentina cerrará 2019 con un PBI p/cápita -8% (2015); -12% (2011) y -6% (2008) más bajo que años anteriores. En los últimos 12 años la pobreza aumento +35% en Argentina, mientras que cayó en la mayoría de los países de la región: Perú (-61%); Uruguay (-58%); Paraguay (-49%); Colombia (-42%) y Chile (-37%); etc. Argentina tiene un Estado desalineado con su PBI per cápita; lo cual ahoga al sector privado no dejándolo ganar dinero, desincentivando la inversión, acumulación de capital, productividad, el crecimiento y la generación de empleo.

El crecimiento del Estado argentino ha sido exponencial en estos últimos 15 años. Cuando se compara 2018 contra 2002, el gasto público total creció +61% (+16,3p.p. del PBI), pasando del 26,7% (2002) al 43,0% (2018). La presión tributaria total subió +50% (+11,4 p.p. del PBI), pasando de 22,9% (2002) a 34,3% (2018) del PBI. Este tamaño de Estado corresponde a un país con un PBI per cápita entre 4 y 5 veces superior. Por el contrario, los países que más crecen de la región (Colombia; Paraguay; México; Chile y Perú) tienen un nivel de gasto público entre -11,8% y -19,2% del PBI más bajo que Argentina. Tienen una presión tributaria de entre -8% y -16,1% más baja que nuestro país. 

Argentina tiene dos opciones. Primero, no achicar el Estado y seguir por el actual sendero de decadencia. Segundo, achicar el Estado y bajar el gasto público, lo cual permitirá bajar impuestos, desahogar al sector privado, incentivar la inversión y crecer. Cuanto más achiquemos el Estado y más bajemos el gasto público, los impuestos más podrán bajar. No se puede bajar impuestos si antes bajar más el gasto público. Dado que 2018 cerró con déficit primario de -2,3% del PBI y la condición de solvencia intertemporal de nuestra deuda exige un superávit primario de (cómo mínimo) +3% del PBI, se necesita que la baja del gasto sea 5% del PBI mayor que la baja de la presión tributaria. 

Los ciudadanos tenemos que entender no sólo que necesitamos sí o sí una reducción del Estado, sino que debemos exigírselo a los políticos. Ellos no lo bajarán por si solos, ya que es “su” negocio. Y es un juego de suma cero. Ellos ganan, nosotros perdemos. Los políticos, defendiendo su negocio de casta, dirán que no se puede bajar el gasto público; y sembrarán el miedo y el caos como única alternativa posible a la situación actual. Es mentira. Se puede bajar el gasto público. Hay tela para recortar. El recorte tiene que ser en los tres niveles de gobierno e implica una reforma política.  
El gasto público podría reducirse en dos etapas. Con Javier Milei lo explicamos en profundidad en nuestro próximo libro en el cual hacemos una propuesta. La primera (segunda) en los primeros dos años (segunda mitad) de mandato del próximo gobierno. La primera etapa debe focalizarse en el gasto público flexible de Nación y Provincias que, en forma consolidada, suma casi 9% del PBI: 4,7p.p. Nación y 4,2p.p. Provincias. Este gasto flexible podría ser cortado casi en su totalidad. Este gasto flexible de Nación más Provincias por 8,9% del PBI está formado por obra pública (1,8% del PBI); transferencias (3,1% del PBI) y subsidios económicos (4,1% del PBI).

La obra pública se podría suprimir pasándola al sector privado con adecuado esquema de incentivos y garantías. El problema es que los políticos no quieren hacerlo, ya que “comen” de esta cuenta. De hecho, un informe del BID estima que hay filtraciones (robo) del gasto por malas compras estatales por un equivalente de 1,5% del PBI. Las transferencias entre diferentes niveles del Estado (Transferencias a Provincias y Municipios) también son parte del “negocio” de la política. El informe del BID estima que las filtraciones (robo) del gasto en transferencias (con subsidios económicos) asciende a 4,5% del PBI. A nivel provincial estas transferencias incluyen financiamiento del gasto municipal (no incluido acá) que debe ser drásticamente recortado. Los contribuyentes no podemos y no debemos mantener 2200 legislaturas. Los subsidios económicos deben y pueden ser eliminados de cuajo poniendo en práctica una revisión y adecuación total e integral de los contratos de las empresas. En pocas palabras, en una primera etapa hay tela para bajar gasto por hasta 8%/9% del PBI. 

Del otro lado, en esta primera etapa la presión tributaria podría bajarse hasta los niveles de 2007. Actuando sobre los dos niveles de gobierno, podría estar la alternativa de bajar Ganancias (-0,6% del pbi), Seguridad Social (-2,5% del PBI), Ingresos Brutos y Sellos en las provincias (-1,6% del PBI) y eliminar las Retenciones a las exportaciones (-1,0%) y Bienes Personales/Ganancia Mínima presunta (-0,2% del PBI). La presión tributaria bajaría -5,9 puntos porcentuales del PBI.

Esta baja de impuestos desahogaría al sector privado, rebotaría la inversión; y la economía empezaría a crecer “en serio”. Se empezaría a generar empleo. En este escenario, en la segunda mitad del próximo gobierno habría margen para iniciar una segunda etapa de reducción del gasto e impuestos. Entre 2002 (9,2% del PBI) y 2018 (12,6%), el gasto público en personal de Nación y Provincias (sumado) aumentó +3,4% en términos del PBI. En este sentido, con una reforma del Estado y un programa de retiro voluntario por Organismo Multilaterales, el gasto salarial total podría caer -2,5% del PBI (-1,0% Nación y -1,5% Provincias). Obviamente, los políticos también dirán que es imposible hacerlo, pero es mentira. La verdad es otra y la muestra el trabajo del BID cuando estima que las filtraciones (robo) del gasto por pagos de salarios asciende a 1,5% del PBI en Argentina. Luego, con una economía con menos impuestos, creciendo y generando puestos de trabajo y sin tocar AUH (0,6% del PBI) y las Asignaciones Familiares (0,7% del PBI), el gasto en los restantes planes sociales podría ser reducido -1,7% del PBI en esta segunda etapa. En otras palabras, la reducción del gasto público podría sumar hasta -13% del PBI hacia el final del próximo gobierno. Si a esto se le suma una reforma previsional, un trabajo mancomunado en las restantes cuentas del gasto público y crecimiento económico, la baja del gasto podría alcanzar hasta -15% del PBI, lo cual nos retrotraería a los niveles de 2004/2006 y nos alinearía con los países exitosos de la región.

La contracara de esta segunda etapa de baja de gasto es una segunda etapa de reducción adicional de impuestos. Se podría seguir bajando Ganancias (-1,9% del PBI) y Seguridad Social (-1,8% del PBI adicionales) hasta los niveles de 2002/2003. Paralelamente, Ingresos Brutos y Sellos deberían bajar otro -0,8% del PBI para alcanzar los niveles de 200/2003. De esta manera, en la segunda etapa la presión tributaria bajaría -4,0 puntos porcentuales adicionales en términos del PBI, totalizando una reducción de -10% del PBI punta a punta entre las dos etapas. En este recorte no se incluye Débitos y Créditos Bancarios (1,7% del PBI), IVA (8% del PBI) y otros Impuestos (1,8% del PBI), lo cual totaliza 13% del PBI. En síntesis, hay tela para bajar el gasto público y los impuestos -15% y -13% del PBI; respectivamente. Sin nuestra presión ciudadana, nada se hará.