En 2015 la economía argentina seguirá transitando un sendero con cada vez más pesos y menos dólares; y la divisa norteamericana encareciéndose mucho menos que la inflación. Los problemas seguirán creciendo debajo de la alfombra. Muy probablemente, estos problemas no saldrán a la superficie hasta después de las elecciones.
La falta de competitividad, que atraviesa toda nuestra economía, es el principal problema escondido debajo de la alfombra; y aumenta a medida que la actual política fiscal y monetaria del gobierno persista en el tiempo. Las políticas macro actuales, al ser inconsistentes y atentar contra el equilibrio general de la economía, erosionan la competitividad de todos los sectores productivos (uno por uno) y de la economía en general, atentando contra la inversión y la capacidad de generar empleo. En este sentido, vamos a ver que ha estado sucediendo en el campo y la industria durante los últimos años.
El sector agro exportador, el sector más dinámico de la economía argentina, es paradigmático en este sentido. A pesar que el actual precio (usd350) de la tonelada de soja más que duplica al de la salida de la Convertibilidad (usd150), la competitividad presente del campo está 5% por debajo de los niveles de 2001. Es más, a fin de año se ubicaría 11 puntos porcentuales por debajo del nivel de hace 14 años atrás. En este contexto cabe preguntarse: ¿cómo puede ser que el sector agro exportador siga produciendo con la misma competitividad que en 2001 y cómo puede ser que la competitividad actual con una soja a 350 sea similar a la del 2001 con una soja a 150 dólares; es decir a menos de la mitad de hoy en día?
La primera parte de la pregunta es fácil de responder. Desde 2001 hasta hace unos años atrás, el sector agro exportador había invertido fuertemente, aumentando su eficiencia, productividad y rindes. El rendimiento promedio por hectárea de la soja creció un 23.3%, pasando de 2.100 (1990 / 2000) a 2.590 (2001 / 2014) kilos. La segunda parte de la pregunta es explicada por el aumento de la presión tributaria y la inflación en los costos de producción, que hacen que la competitividad actual (con soja a usd350) sea más baja que la del 2001 (con soja a usd150).
En el fondo, tanto la suba de la presión tributaria como el proceso inflacionario son resultado del mismo fenómeno: el aumento del gasto público. Entre 2003 (16.6%) y 2014 (33.1%) el ratio gasto nacional / PBI creció un 99%. Una parte de dicho incremento del gasto nacional fue financiado con un aumento del 74% de la presión tributaria federal; la otra parte se pagó con emisión monetaria e impuesto inflacionario. Este exceso de presión tributaria sumado al impuesto inflacionario y el aumento de los costos de producción han ahogado al sector dejándolo sin competitividad; es decir sin posibilidad de hacer negocios y dinero (acumular capital). Para peor, el incremento de la presión tributaria no tuvo como contraprestación mejores servicios públicos (rutas, autopistas, servicios públicos, puertos, etc) que apuntalen la competitividad.
Los números son elocuentes. La competitividad registrada a fin del año pasado (1.06) era apenas superior a la de la salida de la Convertibilidad, pero sin retenciones (1.44) habría sido un +44% superior. Si también la "limpiáramos" de la suba de la presión tributaria provincial (principalmente IIBB), la competitividad del campo sería aún mayor. Paralelamente, los costos de producción aumentaron +1343% para el poroto de soja y +1300% para el aceite y harina de soja desde 2001. Un incremento similar experimentó el aceite de girasol.
Los problemas de competitividad son aún mayores en la industria manufacturera. En la industria, que es más mano de obra intensiva que el campo, el costo laboral unitario (ULC) es una buena medida de competitividad. El ULC indica cuántos dólares ligados al trabajo cuesta cada "unidad de producto". Es decir, este indicador considera varias dimensiones: salario, los impuestos al trabajo, el out-put por trabajador y tipo de cambio nominal. En este marco, a mayor ULC, menor competitividad, más difícil es competir y más protección se demandará (para sobrevivir).
En concreto, el ULC se encuentra un 51% por encima de los niveles e fines de 2001; en tanto que presenta un incremento del 14% anual en promedio entre el último cuarto de 2002 y el mismo periodo de 2014 (400% entre puntas).¿Cómo se compone esta suba del 14% promedio anual del ULC? Es resultado de una suba promedio anual de los costos laborales (salario + impuestos) en dólares del 17% que no es compensada por los avances de la productividad del trabajo, que sólo ha crecido a un promedio del 2% anual; o sea casi nada.
La falta de mejoras en la productividad no es un problema nuevo, sino que data de décadas. Puntualmente, en los últimos treinta años la productividad industrial avanzó sólo marginalmente. Por ende, si bien es imprescindible que los niveles de inversión mejoren en el futuro, tampoco se puede esperar que haya un mega salto de inversión que resuelva en forma completa los problemas de productividad, competitividad y de costos en el corto y mediano plazo. Este efecto sólo se logrará en el largo plazo, para lo cual es imprescindible que haya ahorro que financie inversión. Para lo cual es fundamental reducir el gasto público, bajar la presión tributaria y desahogar al sector privado.
No obstante, se debe mejorar la competitividad de la industria en el corto y mediano plazo para que la economía vuelva a crecer rápidamente. Y en el horizonte temporal más breve, la mejora de la competitividad debe sustentarse sobre otros pilares, ya que la maduración de las inversiones sólo se refleja en el largo plazo.
El menú de alternativas para mejorar la competitividad de la industria en el corto plazo sería: i) corrección del tipo de cambio que licué salarios y/o ii) baja de costos laborales por obrero ocupado. Pero una devaluación aislada no sólo es inútil, sino que sería perjudicial porque potenciaría los problemas trasladándose a precios inmediatamente. Es más, se trasladaría a precios más rápidamente que la devaluación de enero 2014. En pocas palabras, devaluar no serviría para mejorar la competitividad; traería más problemas que soluciones.
Una alternativa sería bajar el ULC y mejorar la competitividad de la industria reduciendo los costos laborales mediante una reducción de los impuestos al trabajo, que son record histórico; e implica bajar el costo laboral sin licuar el salario de los trabajadores con una devaluación.
El ratio impuestos al trabajo (aportes y contribuciones patronales) / masa salarial aumentó 44%, pasando del 11.3% (2004) al 16.3% (2014). Lógicamente, este ratio sería mucho mayor si se excluyeran de la masa salarial a los empleados en negro que representan un 25% de los trabajadores en el cuatro trimestre del 2014. En el cuarto trimestre de 2014, el costo salarial de un empleado registrado promedio de la industria alcanzó $22.119 con un salario de bolsillo de $15.213; dejando entrever una diferencia del 45% entre uno y otro. Poniendo blanco sobre negro, de cada 100 pesos que un empresario destina a pagar salarios, 31 pesos van al Fisco y 69 van para el empleado.
A modo de ejercicio, si los impuestos al trabajo se redujesen a la mitad, dejando el resto de las variables contantes, la competitividad mejoraría aproximadamente un 15%, ubicándose nuevamente en los niveles del tercer trimestre de 2011 antes del cepo cambiario. Luego en el mediano y largo plazo, si a esto se le agrega mayores niveles de inversión y consecuentemente de producto por trabajador, los salarios crecen pero la industria sigue siendo competitiva, iniciándose el largo sendero para dejar la trampa del subdesarrollo detrás.
El menú de alternativas para mejorar la competitividad de la industria en el corto plazo sería: i) corrección del tipo de cambio que licué salarios y/o ii) baja de costos laborales por obrero ocupado. Pero una devaluación aislada no sólo es inútil, sino que sería perjudicial porque potenciaría los problemas trasladándose a precios inmediatamente. Es más, se trasladaría a precios más rápidamente que la devaluación de enero 2014. En pocas palabras, devaluar no serviría para mejorar la competitividad; traería más problemas que soluciones.
Una alternativa sería bajar el ULC y mejorar la competitividad de la industria reduciendo los costos laborales mediante una reducción de los impuestos al trabajo, que son record histórico; e implica bajar el costo laboral sin licuar el salario de los trabajadores con una devaluación.
El ratio impuestos al trabajo (aportes y contribuciones patronales) / masa salarial aumentó 44%, pasando del 11.3% (2004) al 16.3% (2014). Lógicamente, este ratio sería mucho mayor si se excluyeran de la masa salarial a los empleados en negro que representan un 25% de los trabajadores en el cuatro trimestre del 2014. En el cuarto trimestre de 2014, el costo salarial de un empleado registrado promedio de la industria alcanzó $22.119 con un salario de bolsillo de $15.213; dejando entrever una diferencia del 45% entre uno y otro. Poniendo blanco sobre negro, de cada 100 pesos que un empresario destina a pagar salarios, 31 pesos van al Fisco y 69 van para el empleado.
A modo de ejercicio, si los impuestos al trabajo se redujesen a la mitad, dejando el resto de las variables contantes, la competitividad mejoraría aproximadamente un 15%, ubicándose nuevamente en los niveles del tercer trimestre de 2011 antes del cepo cambiario. Luego en el mediano y largo plazo, si a esto se le agrega mayores niveles de inversión y consecuentemente de producto por trabajador, los salarios crecen pero la industria sigue siendo competitiva, iniciándose el largo sendero para dejar la trampa del subdesarrollo detrás.
En síntesis, los problemas de competitividad no se arreglan devaluando. Se corrigen reduciendo el peso del gasto público y los impuestos. La competitividad se restituye volviendo a la solvencia fiscal y haciendo política monetaria prudente y anti inflacionaria, con una tasa de interés que incentive el ahorro y apuntale el financiamiento para la inversión.
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