El presupuesto es una
intervención binaria del Estado en la cual figura cuánto y en qué gastarán el
gobierno y sus burócratas. El problema es que el gobierno no genera riqueza, en
consecuencia, no tiene ingresos provenientes de la producción para financiar su
gasto. Su única fuente de ingresos es coercitiva: impuestos e impuesto inflacionario.
El proceso de recaudación y gasto
público distorsiona inevitablemente el destino dado a todos los factores
productivos, alejándolos de la asignación que habría tenido lugar con
transacciones voluntarias en libre mercado. Cuanto mayor sea el presupuesto del
gobierno, más grande será la distorsión, y también mayor la carga y pérdida de
utilidad que soportará la economía.
Concretamente, a mayor presión fiscal, impuestos y gasto, más violencia y distorsiones,
menos utilidad y bienestar. Lo importante es el peso de los impuestos y del gasto en relación con el ingreso y la producción
privada. Cuánto más cercano a cero; mejor. No existe un impuesto neutral,
es decir, un impuesto que mantenga el mercado igual que si no hubiera
impuestos. De aquí, pensamos que se da excesiva importancia al tipo de
impuesto. Aunque es relevante, nosotros lo subordinamos a la importancia del
nivel total de impuestos.
El gasto público es la peor forma
de gastar dinero: se gasta sin economizar, se gasta de más y sin procurar el
máximo valor. Se gasta sabiendo que dichas erogaciones no maximizan la utilidad
de los receptores; aunque la casta política sostenga lo contrario y diga
conocer en que consiste el bienestar de los terceros y cómo alcanzarlos. Además,
el valor económico que tiene el gasto
gubernamental es nulo. Es fácil de explicar.
El aporte o valor que cualquier
sector productivo, empresa o agente hace al sistema económico se mide por la
cantidad de dinero que la gente gasta voluntariamente en comprar los productos
que ellos producen. Pero el valor del gasto público y del gobierno no se mide
en el mercado y los pagos no son voluntarios, ergo; resulta imposible
estimarlo. De hecho, no se puede saber cuánto se le hubiera pagado si los pagos
fueran puramente voluntarios. Lo único que se sabe es lo que nos lo “sacan”;
entonces su valor es 0. Sin embargo, los políticos intentan “vender” a la
sociedad que su aporte al sistema económico tiene que ser medido por cuánto
dinero ajeno ellos gastan en terceros. Es
como cuantificar el aporte a la sociedad de los ladrones midiéndolo por cómo
gastan su botín. Una locura. Los
ladrones le quitan a la sociedad, no le dan nada.
Argentina cerrará 2019 con un PBI
p/cápita -8% (2015); -12% (2011) y -6% (2008) más bajo que años anteriores. En
los últimos 12 años la pobreza aumento +35% en Argentina, mientras que cayó en
la mayoría de los países de la región: Perú (-61%); Uruguay (-58%); Paraguay
(-49%); Colombia (-42%) y Chile (-37%); etc. Argentina tiene un Estado
desalineado con su PBI per cápita; lo cual ahoga al sector privado no dejándolo
ganar dinero, desincentivando la inversión, acumulación de capital,
productividad, el crecimiento y la generación de empleo.
El crecimiento del Estado argentino ha sido exponencial en estos
últimos 15 años. Cuando se compara 2018 contra 2002, el gasto público total
creció +61% (+16,3p.p. del PBI), pasando del 26,7% (2002) al 43,0% (2018). La
presión tributaria total subió +50% (+11,4 p.p. del PBI), pasando de 22,9%
(2002) a 34,3% (2018) del PBI. Este tamaño de Estado corresponde a un país con
un PBI per cápita entre 4 y 5 veces superior. Por el contrario, los países que
más crecen de la región (Colombia; Paraguay; México; Chile y Perú) tienen un
nivel de gasto público entre -11,8% y -19,2% del PBI más bajo que Argentina. Tienen
una presión tributaria de entre -8% y -16,1% más baja que nuestro país.
Argentina tiene dos opciones.
Primero, no achicar el Estado y seguir por el actual sendero de decadencia. Segundo,
achicar el Estado y bajar el gasto público, lo cual permitirá bajar impuestos, desahogar
al sector privado, incentivar la inversión y crecer. Cuanto más achiquemos el Estado y más bajemos el gasto público, los
impuestos más podrán bajar. No se puede bajar impuestos si antes bajar más el
gasto público. Dado que 2018 cerró con déficit primario de -2,3% del PBI y
la condición de solvencia intertemporal de nuestra deuda exige un superávit
primario de (cómo mínimo) +3% del PBI, se necesita que la baja del gasto sea 5%
del PBI mayor que la baja de la presión tributaria.
Los ciudadanos tenemos que entender
no sólo que necesitamos sí o sí una reducción del Estado, sino que debemos
exigírselo a los políticos. Ellos no lo bajarán por si solos, ya que es “su”
negocio. Y es un juego de suma cero. Ellos ganan, nosotros perdemos. Los políticos, defendiendo su negocio de
casta, dirán que no se puede bajar el gasto público; y sembrarán el miedo y el
caos como única alternativa posible a la situación actual. Es mentira. Se
puede bajar el gasto público. Hay tela para recortar. El recorte tiene que ser en los tres niveles de gobierno e implica una
reforma política.
El gasto público podría reducirse
en dos etapas. Con Javier Milei lo explicamos en profundidad en nuestro próximo
libro en el cual hacemos una propuesta. La primera (segunda) en los primeros
dos años (segunda mitad) de mandato del próximo gobierno. La primera etapa debe
focalizarse en el gasto público flexible de Nación y Provincias que, en forma
consolidada, suma casi 9% del PBI: 4,7p.p. Nación y 4,2p.p. Provincias. Este
gasto flexible podría ser cortado casi en su totalidad. Este gasto flexible de
Nación más Provincias por 8,9% del PBI está formado por obra pública (1,8% del
PBI); transferencias (3,1% del PBI) y subsidios económicos (4,1% del PBI).
La obra pública se podría
suprimir pasándola al sector privado con adecuado esquema de incentivos y
garantías. El problema es que los políticos no quieren hacerlo, ya que “comen”
de esta cuenta. De hecho, un informe del
BID estima que hay filtraciones (robo) del gasto por malas compras estatales
por un equivalente de 1,5% del PBI. Las transferencias entre diferentes
niveles del Estado (Transferencias a Provincias y Municipios) también son parte
del “negocio” de la política. El informe
del BID estima que las filtraciones (robo) del gasto en transferencias (con
subsidios económicos) asciende a 4,5% del PBI. A nivel provincial estas
transferencias incluyen financiamiento del gasto municipal (no incluido acá)
que debe ser drásticamente recortado. Los contribuyentes no podemos y no
debemos mantener 2200 legislaturas. Los subsidios económicos deben y pueden ser
eliminados de cuajo poniendo en práctica una revisión y adecuación total e
integral de los contratos de las empresas. En pocas palabras, en una primera
etapa hay tela para bajar gasto por hasta 8%/9% del PBI.
Del otro lado, en esta primera
etapa la presión tributaria podría bajarse hasta los niveles de 2007. Actuando
sobre los dos niveles de gobierno, podría estar la alternativa de bajar
Ganancias (-0,6% del pbi), Seguridad Social (-2,5% del PBI), Ingresos Brutos y
Sellos en las provincias (-1,6% del PBI) y eliminar las Retenciones a las
exportaciones (-1,0%) y Bienes Personales/Ganancia Mínima presunta (-0,2% del
PBI). La presión tributaria bajaría -5,9 puntos porcentuales del PBI.
Esta baja de impuestos
desahogaría al sector privado, rebotaría la inversión; y la economía empezaría
a crecer “en serio”. Se empezaría a generar empleo. En este escenario, en la
segunda mitad del próximo gobierno habría margen para iniciar una segunda etapa
de reducción del gasto e impuestos. Entre 2002 (9,2% del PBI) y 2018 (12,6%),
el gasto público en personal de Nación y Provincias (sumado) aumentó +3,4% en
términos del PBI. En este sentido, con una reforma del Estado y un programa de
retiro voluntario por Organismo Multilaterales, el gasto salarial total podría
caer -2,5% del PBI (-1,0% Nación y -1,5% Provincias). Obviamente, los políticos
también dirán que es imposible hacerlo, pero es mentira. La verdad es otra y la
muestra el trabajo del BID cuando estima
que las filtraciones (robo) del gasto por pagos de salarios asciende a 1,5% del
PBI en Argentina. Luego, con una economía con menos impuestos, creciendo y
generando puestos de trabajo y sin
tocar AUH (0,6% del PBI) y las Asignaciones Familiares (0,7% del PBI),
el gasto en los restantes planes sociales podría ser reducido -1,7% del PBI en
esta segunda etapa. En otras palabras, la reducción del gasto público podría
sumar hasta -13% del PBI hacia el final del próximo gobierno. Si a esto se le
suma una reforma previsional, un trabajo mancomunado en las restantes cuentas
del gasto público y crecimiento económico, la baja del gasto podría alcanzar
hasta -15% del PBI, lo cual nos retrotraería a los niveles de 2004/2006 y nos alinearía
con los países exitosos de la región.
La contracara de esta segunda
etapa de baja de gasto es una segunda etapa de reducción adicional de
impuestos. Se podría seguir bajando Ganancias (-1,9% del PBI) y Seguridad
Social (-1,8% del PBI adicionales) hasta los niveles de 2002/2003.
Paralelamente, Ingresos Brutos y Sellos deberían bajar otro -0,8% del PBI para
alcanzar los niveles de 200/2003. De esta manera, en la segunda etapa la
presión tributaria bajaría -4,0 puntos porcentuales adicionales en términos del
PBI, totalizando una reducción de -10% del PBI punta a punta entre las dos
etapas. En este recorte no se incluye Débitos y Créditos Bancarios (1,7% del
PBI), IVA (8% del PBI) y otros Impuestos (1,8% del PBI), lo cual totaliza 13%
del PBI. En síntesis, hay tela para bajar el gasto público y los impuestos -15%
y -13% del PBI; respectivamente. Sin nuestra presión ciudadana, nada se
hará.
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