La teoría económica denomina
crisis cambiaria de primera generación a aquellas situaciones en las cuales un
Banco Central experimenta una sostenida y creciente pérdida de reservas como
resultado de intentar mantener un tipo de cambio fijo o cuasi fijo (pequeñas
devaluaciones anunciadas o no) en un marco de política fiscal excesivamente
expansiva en la cual hay crecientes déficits financiados con emisión monetaria.
Según este enfoque, esta situación da lugar a una inconsistencia entre la tasa
de emisión, la presión sobre el nivel general de precios y el tipo de cambio
tal que conlleva a sucesivas caídas de las reservas internacionales. Es decir, la pérdida de reservas financia el déficit fiscal.
Las reservas continuarán cayendo hasta
un nivel mínimo a partir del cual la agudización del ataque especulativo por
parte de los agentes exigirá la depreciación y luego liberación del tipo de
cambio. Con la liberación del tipo
de cambio las reservas dejarán de caer, por ende, de financiar el exceso de
gasto y el déficit fiscal; y será el
shock inflacionario quien licúe el exceso de gasto y el déficit fiscal. Este es
el ajuste “por las malas”, el tipo de ajuste que hace el sistema económico
cuando los políticos no están dispuestos a hacerlo previamente. Todo este
enfoque, cuyo pionero es Paul Krugman, describe perfectamente lo que sucede actualmente
en Argentina y muestra también lo que muy probablemente acontecerá si no
enderezamos el rumbo con un cambio de política económica.
¿Cómo se endereza el rumbo?
Haciendo un ajuste “por las buenas”, es decir un ajuste que elimine la
dominancia fiscal; origen y causa de la actual crisis cambiaria. Es decir, aún con medidas monetarias y cambiarias
correctas, si no hay ajuste fiscal no hay chances de sortear la crisis
cambiaria. De hecho, hasta ahora el
BCRA ha aplicado medidas monetarias y cambiarias correctas, logrando comprar
tiempo para que el Ministerio de Economía encare su ajuste fiscal, que no es
instantáneo (lleva más tiempo que subir la tasa o devaluar) pero es
impostergable.
En la actualidad, el ajuste
fiscal no puede hacerse por el lado de los ingresos debido a la presión
tributaria record. El ajuste fiscal debe
atacar el exceso de gasto público, eliminando el déficit y generando superávit
fiscal para abolir la emisión monetaria del BCRA destinada a financiar el
Tesoro. De acuerdo con nuestro análisis,
que se basa en la estimación del superávit estructural de Argentina, es necesario hacer un ajuste fiscal de 7
puntos porcentuales en términos del PBI en el corto plazo. A priori, un
lector neófito en el tema, siguiendo el comentario sarcástico de Juan Carlos De
Pablo al libro Política Económica Contra Reloj, podría suponer que dicho ajuste
es “políticamente incorrecto” y “socialmente inviable”. Sin embargo, el
análisis de los números de Argentina refuta ese juicio.
Entre 2004 y 2013 la
administración K aumentó el peso del gasto público consolidado (Nación +
Provincias) un +74%, pasando de 25 % (2004) a 43% (2013) del PBI. Es decir, su
peso relativo aumentó +18 puntos porcentuales (p.p.), de los cuales +16 p.p.
son responsabilidad de Nación y +2p.p. son responsabilidad de las Provincias. Medido en dólares y ajustado por inflación,
en 2004/2013 el gasto público total de Nación aumentó un 478% y 133%;
respectivamente.
En este contexto, se entiende que un ajuste fiscal de 7
p.p. en términos del producto es políticamente correcto y económicamente
sencillo de hacer en la Argentina actual, porque representaría tan sólo el 39% de
su incremento de los últimos 9 años, retrotrayendo su peso relativo a 2009
(36% PBI), 11 p.p. por encima de su nivel de 2004.
Los primeros 5p.p. del ajuste deben provenir de la eliminación los
subsidios económicos. De hecho, el desborde del gasto público, el aumento del
déficit y la dominancia fiscal, que terminan llevando a la actual crisis
cambiaria, tienen origen en la explosión de los subsidios económicos, que
aumentaron 38 veces entre 2005 ($3.300 M) y 2013 ($130.000 MM), pasando de 0.2%
a 5% del PBI entre esos años. De esos subsidios, en la actualidad aproximadamente
el 88% corresponden a energía y transporte.
Esta política de subsidios económicos es muy inequitativa, ya que sus
beneficiarios pertenecen principalmente a las clases medias y de “arriba” de la
pirámide social que, concentradas fundamentalmente en CABA y GBA, pagan precios
extraordinariamente reducidos por el gas, la electricidad, y el transporte. Por
el contrario, las clases sociales de la “base” de la pirámide, que tienen menos
ingreso per cápita y viven en el interior del país, no reciben estos subsidios y
pagan por dichos bienes y servicios entre cuatro y diez veces más.
Además, los subsidios económicos han violentado fuertemente la equidad de todo
el sistema de subsidios nacionales, porque los subsidios económicos aumentan a
expensas de los subsidios sociales. Los subsidios económicos pasaron del
27% (2005) al 513% (2013) de los subsidios sociales. Es fácil de entender,
mientras que los subsidios económicos crecieron 928% contra la inflación, los
subsidios sociales (sin asignación universal por hijo) cayeron -49% contra la
inflación. Si contamos a la asignación universal, dicha caída es de -17% entre
2005 y 2013. Para peor, la devaluación (pasada,
presente y futura) agrava la inequidad de la política oficial de subsidios,
porque la suba del dólar oficial se traslada más que proporcionalmente al gasto
en subsidios energéticos. Yendo a los números, sin reducción de subsidios y
sin aumentos de tarifas, una devaluación del 55% (dólar promedio anual a $8.5) genera
un incremento del gasto en subsidios energéticos de 73.2%.
En definitiva, la política
nacional de subsidios es cada vez más inequitativa, por lo que un ajuste fiscal
basado en la eliminación de los subsidios económicos no sólo es indispensable
para solucionar los grandes desequilibrios macro, sino que es 100% socialmente necesario;
justamente lo opuesto a socialmente inviable.
Habiendo eliminado los subsidios
económicos, quedan 2 puntos porcentuales adicionales por ajustar, que se
obtienen haciendo crecer todas las
partidas del gasto público del gobierno nacional un 25% en un marco de
inflación de 35% anual. La única excepción sería la coparticipación, que
crecería 32%, y el déficit de las empresas públicas, que debería mantenerse
constante en términos nominales con respecto a 2013. Este ajuste no sería
recesivo, porque con superávit fiscal y con la crisis cambiaria resuelta, la
confianza volvería a la economía argentina. La inversión volvería a crecer
genuinamente, el BCRA volvería a acumular reservas y las bases para volver a
crecer genuinamente estarían establecidas.
Si CFK y el ministro de Economía
no entienden que hacer el ajuste “por las buenas” no es recesivo y no se
deciden a llevarlo a cabo, nuestra economía se dirigirá indefectiblemente hacia
el ajuste “por las malas”; el ajuste del sistema económico. También lo tenemos
cuantificado en Política Económica ContraReloj. De acuerdo con nuestras
estimaciones, si no se eliminan los subsidios y no se aumentan las tarifas y,
paralelamente, los salarios y jubilaciones se ajustan un 25% (igual que en
nuestro ajuste “por las buenas”), muy probablemente surgirá un shock
inflacionario que, para licuar el exceso de gasto, ascenderá arriba del 80%
anual con lo cual el poder adquisitivo de las jubilaciones y salarios caerá más
del 30%. La dinámica de la inequidad crecerá exponencialmente. Hay dos personas
que deciden. Hay dos caminos a seguir. Hay dos hechos positivos: sabemos los
responsables; sabemos hacia donde nos conducen.
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