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domingo, 22 de junio de 2014

El triunfo de la racionalidad y el bienestar general (publicada en INFOBAE el 22/6)

por Javier Milei
El marco imponente que ofrecía el Monumento a la Bandera frente al río Paraná, las pegatinas de afiches y pintadas de paredes de los días previos y las consignas de los manifestantes, todo parecía una trampa que condujera a Cristina Fernández de Kirchner a envalentonarse en un discurso casi tan peligroso como la decisión de Adán y Eva en los inicios de la humanidad. A pesar de ello, la Presidente, y a modo de homenaje a los economistas en su día, pegó un golpe de timón que nos evitará caer en el abismo de un nuevo default.
Lejos de posiciones absolutistas e inconducentes que hubieran llevado al hundimiento de la economía, la mandataria brindó un discurso en torno a la problemática de la deuda que muestra el triunfo de la racionalidad intertemporal por sobre la miopía ideológica. Triunfó el pragmatismo. En este sentido, reconocer cómo acreedores dignos de recuperar sus inversiones tanto al grupo del 92,4% que ingresó a los canjes de 2005 y 2010 como a los que decidieron no hacerlo es una gran noticia para los ciudadanos de nuestro país, los presentes y los futuros.
Frente a la negación de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de tomar el caso, la posibilidad de extender el momento de la negociación con los holdouts más allá del 2014 (cuando vence la cláusula RUFO) quedó abortada, por lo que el fallo del juez Thomas Griesa quedaba en firme. Así, al Gobierno se le presentaban tres caminos: (i) buscar una forma de pago para compensar a los inversores litigantes; (ii) no acatar el fallo y buscar hacer el pago mediante el cambio de jurisdicción; y (iii) defaultear tanto a los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010 como a los holdouts.
Si bien la Presidente había manifestado su intención de dar cumplimiento con el pago a aquellos bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010 descartando la tercera de las posibilidades, elegir el cambio de jurisdicción, frente a su imposibilidad práctica (al tiempo que caeríamos en desacato y en default selectivo) parecía indicar que íbamos camino a un nuevo default.
En este sentido, de haber optado explícita o tácitamente por un nuevo default, no hubiera sido algo libre de costo. Desde el punto de vista de la macroeconomía del corto plazo, la volatilidad y la incertidumbre si habrían desbordado. El riesgo país se hubiera disparado y con ello la tasa de interés, produciendo una abrupta caída de la inversión. Por otra parte, una mayor incertidumbre hubiera generado los incentivos para convertir los ahorros en moneda extranjera poniendo mayor presión sobre el tipo de cambio y los precios. Ante dicho contexto hubiera tenido lugar una fuerte descoordinación entre el ahorro y la inversión, lo cual destruiría el nivel de actividad, el empleo y el salario real.
Por otra parte, desde una perspectiva de mediano y largo plazo los resultados tampoco resultaban atractivos. En primer lugar, no sólo hubiera persistido el problema con los litigantes, sino que la extensión del default hubiera retraído la situación a la previa de 2005, por lo que frente a un problema de fácil solución hubiéramos caído en uno mayúsculo, ya que ante el fallo del Juez Griesa nadie tendría incentivos para ingresar a una nueva reestructuración con quitas. En segundo lugar, no sólo hubiéramos mostrado desacato y que sólo cumplimos con las reglas cuando nos resultan favorables, sino que nos hubiéramos puesto de espaldas a la principal fuerza del crecimiento: el respeto de los derechos de propiedad. Al mismo tiempo, y en relación con lo anterior, hubiéramos tirado por la borda todo el crecimiento potencial asociado con la nueva infraestructura a desarrollarse en los próximos años.
Diversos estudios sobre los requerimientos de infraestructura para los próximos diez años arrojan que es necesario invertir cerca de USD 295.000 millones. A su vez, Redes Viales, Energía Eléctrica y Gas y Oil representan el 86% del total. Puntualmente, Oil y Gas demandará inversiones por USD 107.000 millones derivados de USD 29.000 millones para petróleo y gas convencional, USD 29.300 millones para shale oil, USD 34.700 millones para shale gas y alrededor de 14.000 para downstream.
En cuanto a Energía Eléctrica, los requerimientos totalizan 38.000 millones de los cuales 25.000 millones son para generación y 13.000 millones para distribución. A su vez, la puesta al día y el mantenimiento de las inversiones demandarán 50.000 millones más. En cuanto a las redes viales, estas demandarán 58.000 millones, ferrocarriles y subtes 34.500 millones, agua y saneamiento 6.500 millones y telefonía móvil USD 1.000 millones (cifras en dólares en todos los casos). Naturalmente, con un default inmanejable estas inversiones se perderían y dado en nivel de saturación de la infraestructura presente, el propio aumento de la población nos llevaría a un colapso. A su vez, el nivel de madurez mostrado junto a una mejora de las instituciones podría adelantarlas en el tiempo, cuya consecuencia sería una aceleración de la tasa de crecimiento de la economía.
Finalmente, ahora surgirán las preguntas acerca de la transición. Sin embargo, como un resultado impensado frente a la generosidad política traducida en pragmatismo, es muy probable que, dados los fundamentos de la economía, nos encontremos frente a una oleada de fondos externos que nos permita transitar el camino sin sobresaltos. Y si los hubiera, nunca serían tan duros como los derivados de un nuevo default.

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