Las paritarias están en el
centro de la actual discusión. Por un lado, los trabajadores tienen un objetivo
dual: recuperar el poder adquisitivo perdido en 2016 (-5,4% según CVS del
INDEC) y evitar que la inflación le gane a sus salarios en 2017. Por el otro,
los empleadores (Estado incluido) pretenden que los nuevos salarios se discutan
en base a la inflación futura en lugar de la pasada.
En este marco de las paritarias,
nos parece importante
desenmascarar tres sofismos (argumento falaz que luce como verdadero) que los
malos economistas y algunos demagogos propagan sobre el salario, el mercado de
trabajo, y sus relaciones con la macroeconomía. Estos sofismos surgen cuando los
analistas sólo consideran las consecuencias inmediatas de una política y/o
sus efectos sobre un grupo particular, sin estudiar
cuáles producirá a largo plazo sobre todo el sistema económico.
El primer sofismo plantea una causalidad
positiva desde salarios hacia crecimiento económico. Según esta
lógica keynesiana, altos salarios
elevan el consumo y traccionan la demanda agregada estimulando (vía acelerador) la inversión
(empresarios no se pierden la oportunidad de producir y vender más) y expandiendo
la oferta agregada. No sucede esto. La realidad es muy diferente.
La realidad muestra que la causalidad es desde la producción hacia
los salarios; y no desde los salarios hacia la producción. Si se produce
más y mejor, se pagan mejores salarios. Por el contrario, si se intenta pagar
mejores salarios para que se produzca más, no se va lograr ni una cosa, ni la
otra. Los salarios reales (en promedio) no suben y la producción no aumente.
Por un lado, el salario real crece cuando la productividad
del trabajo se incrementa. La productividad del trabajo aumenta con acumulación
de capital físico (más máquinas y/o tecnología) y/o humano
(mejor formación). Con mayor productividad laboral, el trabajador produce más y
acrecienta la riqueza de toda la comunidad. El valor de sus servicios para los
consumidores se incrementa; y así le pagan mejor. Por otro lado, el salario real responde a la ley de oferta
y demanda en el mercado laboral. El salario real tiende a subir (reducirse)
cuando aumenta (baja) la demanda de trabajo (con oferta laboral dada). Y la demanda de trabajo crece cuando
las empresas invierten y amplían su capacidad de producción para producir y
ganar más dinero. En pocas palabras, los
salarios reales dependen positivamente de la producción y la generación de
riqueza, no de la CGT, Ministerios y/o Congreso.
Hace años que el sector privado
está ahogado por el sector público. El gasto público (+14p.p. del PBI) y la
presión tributaria (+10p.p del PBI) superan al promedio regional.
Consecuentemente, el costo de capital y la inflación triplican y quintuplican al
promedio regional; respectivamente. El sector privado no pueda hacer negocios y
ganar dinero. Las firmas no tienen incentivos a invertir, mejorar su
productividad y ampliar su producción. La actividad y el PBI per cápita caen. La
demanda de trabajo permanece estancada. De hecho, la cantidad de trabajadores
privados registrados es, en promedio, la misma que hace 6 años atrás.
Los números son elocuentes. La formación
de capital (bruta) en maquinaria y equipo se redujo -13% cuando se compara 2016 vs. 2011. Midiéndolo
punta a punta, el PBI real (-1,5%) y el
PBI per cápita (-7,4%) se redujeron en 2016/2011. En este marco, no sorprende
que el salario real caiga -9,5% (octubre’11) y -13,4% (junio’13) durante el
período.
El segundo sofismo es que el empleo público
amortigua la suba del desempleo ante la falta de empleo privado nuevo. Esto puede
ser afirmado sólo por profesionales que hacen análisis parcial y no general. El
empleo privado sólo creció +0,4% entre 2016 (137,7) y 2011 (137,1).
Paralelamente, el empleo público aumentó +12% entre 2016 (164,6) y 2011 (146,9).
Ergo, se pasó de tener 3,2 a 2,8 empleados privados registrados por cada empleado
público. Este mayor peso de los empleados públicos implica (sin reducciones en
otras partidas) más déficit fiscal, que debe ser financiado con más presión
tributaria, impuesto inflacionario y/o deuda. Estos tres mecanismos de
financiamiento destruyen la rentabilidad de las firmas, penalizando la
inversión, producción, empleo y salario real. En definitiva, el empleo público no amortigua la tasa de
desempleo, sino que castiga la capacidad de la economía de
crear puestos de trabajo formales y de calidad en detrimento del poder
adquisitivo de todos los trabajadores.
El tercer sofismo es que los aumentos salariales son inflacionarios. El nivel general de precios y su
variación (la inflación) se determinan en el mercado de dinero. Ergo, la
inflación no se relaciona ni con el mercado laboral, ni con el salario. Es
decir, los aumentos de salarios no
generan inflación "per se".
¿Y entonces por qué algunos economistas hablan de
controlar la inflación "pisando" los ajustes salariales? Porque son
keynesianos que piensan que los precios resultan de la suma de los costos de
producción y un margen de beneficio "razonable". Ergo, piensan que los
aumentos de salarios y de rentabilidad son inflacionarios, entonces procuran
controlar la inflación pidiéndoles a los trabajadores que sus salarios pierdan
poder adquisitivo, y sugiriéndoles a los empresarios que pierdan rentabilidad.
Los resultados de esta visión económica están a la vista. Sin los 10 años de
Convertibilidad, en Argentina la inflación (expansión de base monetaria) promedió
+170% (+174%) promedio anual entre 1942 y 2015. La inflación es siempre un
fenómeno estrictamente monetario. Hay inflación si se emite "de
más".
En este marco, los ajustes de salarios se
transforman en inflación si y sólo si hay convalidación monetaria, es decir
sólo si el BCRA emite los pesos para que la "macroeconomía pague esos
aumentos de salarios". Por el contrario, si no hay convalidación monetaria
y el BCRA no emite esos pesos, una mayor suba de salarios implica
necesariamente una menor suba (o descenso) de otros precios, con lo cual la
inflación “queda” en el mismo "lugar".
En síntesis, las negociaciones paritarias deben ser
libres porque la interferencia del Estado no sólo no sirve para controlar la
inflación, sino que es nociva para la inversión, la productividad, la capacidad
de producción, la generación de empleo y el crecimiento económico; por ende
también para el poder adquisitivo de los salarios. Es más, menos empleo público
(acompañada de baja de presión tributaria), también es positivo para el
crecimiento, la demanda de trabajo privado y los salarios.
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